Reyes Maroto respalda a los vecinos de Tribulete 7 tras la querella pionera contra un fondo buitre por acoso inmobiliario

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha visitado este viernes el inmueble de Tribulete 7, en el barrio de Lavapiés, donde un grupo de 16 vecinos ha interpuesto la primera querella colectiva en España contra un fondo buitre por acoso inmobiliario. Maroto ha calificado a los residentes como “héroes” y ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ponga los recursos del consistorio al servicio de la defensa del derecho a la vivienda.

“Estos vecinos se han convertido en un ejemplo de lucha y resistencia contra la especulación en esta ciudad”, ha declarado Maroto, destacando que la querella presentada representa un hito judicial pionero en el país. “¿Cómo es posible que estén solos, sin más herramientas que su dignidad y su lucha para defender sus hogares?”, se ha preguntado la portavoz socialista, criticando la inacción del Gobierno municipal ante el auge de la especulación inmobiliaria.

Una denuncia colectiva ante el acoso urbanístico

La querella interpuesta por los vecinos de Tribulete 7 se produce tras meses de presión continuada, obras molestas, ruidos y acoso verbal, según ha denunciado Antolín Sánchez Isla, conocido como Nano, uno de los residentes afectados. “Hemos dado este paso por el acoso que sufrimos diariamente. No se puede vivir así”, ha explicado. Sánchez ha vivido en el edificio desde su nacimiento y actualmente forma parte del grupo de 16 vecinos que lideran la iniciativa legal, respaldados por la abogada y diputada de la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto.

Según Nano, los residentes han sido objeto de intimidaciones por parte de los obreros tras la presentación de la querella, así como de maniobras de presión por parte de la empresa gestora, que ha cambiado de manos recientemente y ahora estaría intentando negociar individualmente con los vecinos para debilitarlos colectivamente. El objetivo final, aseguran, sería transformar el inmueble —donde aún viven unas 54 familias— en un nuevo bloque de viviendas de uso turístico.

Críticas al plan municipal y a la “complicidad con los especuladores”

Maroto ha dirigido duras críticas al Plan ReViDe (Reside) impulsado por el Ayuntamiento, que en su opinión “favorece la especulación” al permitir la transformación de bloques residenciales en viviendas turísticas legalizadas a través de normativas ad hoc. “Tribulete 7 podría ser perfectamente uno de los edificios afectados por este plan, que no resuelve el problema de disciplina urbanística, sino que abre la puerta a la expulsión de los vecinos de toda la vida”, ha señalado.

La portavoz socialista ha exigido a Almeida que “se ponga del lado de los vecinos y no de los fondos buitre” y que utilice los instrumentos legales y administrativos del Ayuntamiento para frenar la proliferación de pisos turísticos ilegales. Ha recordado que en Madrid existen actualmente más de 16.000 viviendas de uso turístico sin autorización, lo que agrava la situación del acceso a la vivienda en distritos como Centro, Chamberí, Lavapiés o Tetuán.

Un precedente legal que puede marcar un cambio

La sentencia favorable a los vecinos de Tribulete 7 y la querella colectiva podrían marcar un antes y un después en la lucha vecinal contra la especulación inmobiliaria. Según Maroto, si esta línea jurídica prospera y se amplía a otros barrios, podría consolidarse como una jurisprudencia clave contra el acoso inmobiliario y los abusos de los fondos de inversión.

“Hoy es Tribulete, mañana puede ser General Lacy u otra calle de la ciudad”, advirtió la portavoz, subrayando que los fondos buitre operan con rapidez y ya tienen localizados otros inmuebles susceptibles de ser vaciados para convertirlos en alojamientos turísticos.

Reivindicación del artículo 47 de la Constitución

En el cierre de su intervención, Maroto ha reivindicado el artículo 47 de la Constitución Española, que consagra el derecho a una vivienda digna, y ha llamado a todas las administraciones a cooperar en su cumplimiento, en lugar de utilizarlo como un arma política. “La vivienda no es un negocio, es un derecho. Y desde el Grupo Municipal Socialista vamos a estar siempre del lado de los vecinos, porque nos están dando una lección de dignidad”, concluyó.

El caso de Tribulete 7 ha reactivado el debate sobre la regulación del mercado inmobiliario, el turismo de masas y el papel de las instituciones frente a la especulación. Mientras tanto, los vecinos continúan su lucha legal y social con la esperanza de que la justicia ampare su derecho a permanecer en sus hogares.