El PP respalda la huelga de jueces y acusa al Gobierno de Sánchez de querer controlar el Poder Judicial
La vicesecretaria popular Carmen Fúnez denuncia que la ‘ley Bolaños’ busca debilitar la separación de poderes en plena ola de escándalos de corrupción
El Partido Popular ha mostrado su respaldo explícito a la huelga convocada por jueces y fiscales contra las reformas del Gobierno en materia judicial, encabezadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de intentar “controlar el Poder Judicial” en lo que considera un nuevo episodio del “ataque permanente” a la separación de poderes.
En declaraciones ofrecidas antes de mantener un encuentro con el presidente del Colegio de Procuradores, Fúnez ha asegurado que el Gobierno actúa impulsado por el temor a los “casos de corrupción que acorralan al presidente, a su familia, a su partido y a más de una docena de ministerios”.
“Durante los últimos meses, el Gobierno solo ha trabajado para debilitar el sistema judicial”, afirmó Fúnez, añadiendo que el objetivo es someter a los tribunales al control político en un contexto de creciente presión judicial sobre figuras relevantes del entorno socialista, como el exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización Santos Cerdán o el exasesor Koldo García.
La dirigente popular ha subrayado su confianza en que jueces, fiscales y demás operadores jurídicos “no se dejarán controlar”, y ha apelado a su compromiso con el imperio de la ley y la defensa de la democracia. Según el PP, el Poder Judicial representa una garantía esencial de protección frente a los abusos de poder, y en la situación actual, su independencia “está en juego”.
Fúnez también ha criticado duramente la tramitación de leyes que, a su juicio, están diseñadas con fines partidistas, como el anteproyecto de ley que regularía el derecho al honor en relación con grabaciones e investigaciones como las llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO). Dicha norma, advirtió, podría interpretarse como un intento de bloquear las pesquisas relacionadas con corrupción en el entorno socialista.
La vicesecretaria popular ha denunciado que el Gobierno legisla “con nombres y apellidos”, poniendo como ejemplo la ley de amnistía –que calificó como “la peor forma de corrupción porque cambia impunidad por votos”– o la denominada “ley Begoña”, en referencia a la normativa que, según el PP, busca proteger a la esposa del presidente del Gobierno de investigaciones judiciales.
En su intervención, Fúnez también ha hecho referencia a la pérdida de credibilidad internacional del presidente Sánchez, que –dijo– “ya no es respetado ni dentro ni fuera de España”. Señaló la reciente cumbre de la OTAN como ejemplo del deterioro de su imagen en el ámbito exterior.
Con la huelga prevista para los días 1, 2 y 3 de julio, el PP mantiene su apoyo a las movilizaciones de los colectivos judiciales como una defensa del Estado de derecho, la separación de poderes y el principio de legalidad. Una protesta que, para el principal partido de la oposición, se justifica por la deriva legislativa y política del Ejecutivo de Sánchez.