Caso Koldo

Pardo de Vera y Javier Herrero declaran como investigados por presunta trama de amaño de obras públicas en el caso Koldo

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera | Foto del Ministerio de Transportes

La expresidenta de Adif y el exdirector general de Carreteras están imputados por favorecer adjudicaciones a constructoras y por contratar de forma irregular a la expareja de Ábalos

La Audiencia Nacional toma declaración este lunes a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, en calidad de investigados por su presunta implicación en una trama de amaño de contratos públicos en el marco del conocido como ‘caso Koldo’. Ambos están acusados de haber actuado como piezas clave en la red encabezada, presuntamente, por el exdirigente socialista Santos Cerdán, actualmente en prisión preventiva.

El juez instructor Ismael Moreno ha citado a ambos altos cargos por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y cohecho. La causa gira en torno a adjudicaciones presuntamente irregulares de contratos de obra pública a grandes constructoras, como Acciona, LIC y OPR, en las que los investigados habrían intervenido para favorecer intereses ajenos a la legalidad.

Vínculos con Koldo García y presión para adjudicaciones

Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, se valió de Pardo de Vera y Herrero para manipular procesos de contratación, usando su influencia política y su acceso directo a cargos públicos.

Uno de los episodios clave es una conversación grabada entre Koldo y Pardo de Vera en noviembre de 2020, en la que este solicitaba una adjudicación de emergencia para la empresa LIC. Pese a las reticencias iniciales de la expresidenta de Adif, se comprometió a estudiar la forma de concederle otra obra. Un mes después, la empresa fue propuesta como adjudicataria de un contrato de emergencia en Asturias por valor de 592.053 euros.

La investigación también recoge mensajes intercambiados entre Koldo y Javier Herrero en los que celebraban adjudicaciones, como una licitación en Logroño por 92,4 millones de euros otorgada a una UTE formada por Acciona y Aquaterra. Herrero aparece igualmente vinculado a otras adjudicaciones sospechosas en Sevilla, Teruel y La Rioja, además de haber sido impulsor de modificaciones contractuales para favorecer a ciertas constructoras.

Contratación irregular de la expareja de Ábalos

En paralelo, Pardo de Vera también está imputada por la presunta contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, quien ocupó puestos en Ineco y Tragsatec con adscripción directa a la presidencia de Adif, sin desempeñar tareas reales durante más de dos años. La investigación apunta a una “participación decisiva” de la expresidenta de Adif en este proceso, por influencia del exministro y su asesor.

El juez destaca que Rodríguez percibió salarios durante todo ese periodo sin haber realizado actividad laboral alguna, lo que podría constituir un caso de malversación de fondos públicos.

Indicios documentales y registros domiciliarios

Durante los registros ordenados por el juez a finales de junio, la UCO halló en el domicilio de Pardo de Vera documentos relacionados con la compra de cinco millones de mascarillas, además de material digital vinculado con licitaciones públicas. En la casa de Herrero se encontraron 4.750 euros en efectivo, junto a otros elementos incriminatorios.

El instructor del Supremo, que mantiene en su jurisdicción únicamente la parte de la causa relativa a Ábalos por su condición de aforado, derivó estos hechos a la Audiencia Nacional, donde se sigue desarrollando la investigación principal, incluyendo las presuntas irregularidades durante la pandemia en contratos de suministro sanitario.

Una red que salpica al corazón del PSOE

La investigación coloca en el epicentro de la trama a figuras claves del anterior gobierno socialista, con múltiples derivadas que afectan a exministros, altos cargos y empresas públicas. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que se articuló una estructura de poder paralela que manipulaba adjudicaciones en beneficio de determinadas empresas, a cambio de favores o contraprestaciones aún bajo análisis judicial.

Mientras la vista del recurso de Santos Cerdán sobre su prisión preventiva se celebra también esta semana en el Supremo, la comparecencia de Pardo de Vera y Herrero podría arrojar nuevas claves en una de las tramas más comprometedoras para el actual entorno político socialista.

El ‘caso Koldo’ continúa avanzando con un número creciente de imputados y ramificaciones en varios niveles de la administración, mientras la Audiencia Nacional analiza si existen responsabilidades más amplias dentro del antiguo organigrama del Ministerio de Transportes.