Jueces y fiscales se movilizan contra las reformas judiciales y fiscales impulsadas por el Gobierno

Magistrados, fiscales, opositores y otros actores del ámbito jurídico se han concentrado este martes en distintos puntos del país para protestar contra los últimos proyectos legislativos del Gobierno central que, a juicio del colectivo, ponen en grave riesgo la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal, pilares fundamentales del Estado de Derecho y de la democracia constitucional.

La movilización, convocada bajo el lema “Por una Justicia independiente y al servicio de la ciudadanía”, responde al contenido del proyecto de ley para reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal y al anteproyecto de modificación del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, ambos en tramitación por el Ejecutivo.

Críticas a la vía de urgencia y a la politización del sistema

En el manifiesto leído durante el paro, los convocantes han denunciado que el proyecto de reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal ha sido tramitado por vía de urgencia y sin justificación, lo que, aseguran, ha impedido un debate riguroso y plural. La normativa incluye, según afirman, un sistema de acceso que rebaja los estándares de excelencia y meritocracia que han caracterizado hasta ahora al proceso selectivo para jueces y fiscales, sustituyéndolo en parte por pruebas más subjetivas y vulnerables a presiones políticas.

Uno de los puntos más cuestionados es la propuesta de crear un centro de preparación de opositores bajo control directo del Gobierno, lo que, según los manifestantes, abre la puerta a una selección ideológica de los futuros integrantes de la carrera judicial. También rechazan la intención de convertir a 1.300 jueces y fiscales sustitutos en titulares sin oposiciones competitivas, lo que, a su juicio, vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Preocupación por el control político del Ministerio Fiscal

El segundo punto central de las protestas es el anteproyecto que modifica el estatuto del Ministerio Fiscal. En el manifiesto, los jueces y fiscales denuncian que con esta reforma se incrementan las competencias del Fiscal General del Estado, figura que sigue siendo designada directamente por el Gobierno sin filtros técnicos ni parlamentarios. Esto, junto con la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, supone, afirman, una amenaza directa a la imparcialidad del Ministerio Público, especialmente en el contexto de causas de corrupción o de alta sensibilidad política.

Los convocantes advierten que estas reformas legislativas no son hechos aislados, sino que se insertan en un clima creciente de ataque institucional al Poder Judicial, donde miembros del Ejecutivo y partidos políticos cuestionan decisiones judiciales, legitiman la desconfianza hacia los fiscales y erosionan la confianza ciudadana en la Justicia.

“Una Justicia independiente es una garantía de todos”

En palabras del colectivo, “la existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, sino una garantía para toda la ciudadanía”, del mismo modo que lo es contar con un Ministerio Fiscal imparcial y no sometido a intereses gubernamentales.

En este sentido, han solicitado la retirada inmediata de los proyectos legislativos en cuestión y han advertido que, de no atenderse sus demandas, no descartan adoptar medidas de conflicto más contundentes, incluida la huelga.

Reivindicaciones estructurales

Además del rechazo a las reformas, los convocantes han aprovechado la jornada de paro para reiterar su histórica demanda de ampliar de forma masiva las plazas judiciales y fiscales en todo el país. La falta de efectivos, han recordado, compromete la calidad, agilidad y eficacia del servicio público de Justicia que la sociedad reclama y merece.

El acto ha concluido con un agradecimiento expreso a los asistentes y a todos aquellos ciudadanos que se han sumado a la convocatoria, reconociendo la importancia de defender el Estado de Derecho como base de la convivencia democrática.

“Lo que hoy está en juego no es un privilegio corporativo, sino el equilibrio entre poderes y las libertades de todos”, han recalcado.