Jueces y fiscales se concentran ante el Supremo para denunciar la amenaza a su independencia por las reformas del ministro Bolaños

Bajo el lema “Sin Estado de derecho no hay democracia”, decenas de jueces y fiscales procedentes de toda España se han concentrado este sábado ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid para protestar contra las reformas impulsadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Los manifestantes han denunciado que los cambios propuestos suponen una amenaza directa a la independencia del Poder Judicial y a los principios de mérito, igualdad y capacidad que rigen el acceso a la carrera judicial y fiscal.

La protesta, convocada por cinco de las principales asociaciones de jueces y fiscales —APM, AJFV, FJI, AF y APIF— ha servido como antesala a los tres días de huelga previstos para el 1, 2 y 3 de julio, si el Gobierno no retira las iniciativas legislativas en curso.

Durante el acto, los portavoces de las asociaciones leyeron un manifiesto conjunto en el que remarcaron que la manifestación no es contra el Ejecutivo o el Legislativo, sino en defensa del Poder Judicial, “que es de todos los ciudadanos, no de los jueces”.

Críticas al nuevo modelo de acceso y a la reforma fiscal

Los jueces y fiscales concentrados han alertado de que las reformas legislativas en curso, en especial el nuevo sistema de acceso a la carrera judicial y la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, ponen en peligro los pilares fundamentales del sistema democrático: el imperio de la ley, la separación de poderes y una justicia independiente de injerencias políticas.

Según han expuesto, el nuevo modelo de acceso rebajaría el nivel de exigencia, eliminando contenidos fundamentales e introduciendo pruebas subjetivas con riesgo de filtraciones o favoritismos. Además, la creación de un centro de preparación de opositores bajo control del Gobierno es vista como un intento de politizar la selección de futuros jueces y fiscales, abriendo la puerta a una posible selección ideológica.

También han criticado la vía para convertir a jueces y fiscales sustitutos con cinco años de experiencia en titulares, sin pasar por oposición, lo que consideran una medida injusta que perjudica a miles de opositores que se preparan durante años.

Reforma fiscal y control de investigaciones

En relación con la reforma del Estatuto Fiscal, las asociaciones han denunciado que el texto incrementa el poder del fiscal general del Estado, quien es nombrado directamente por el Gobierno y seguiría sin estar sujeto a mecanismos de control previos.

Esta reforma, que incluye entregar a los fiscales la dirección de la Policía Judicial y la instrucción penal —actualmente responsabilidad de los jueces—, supone, según los convocantes, un grave riesgo de injerencia política, especialmente en casos de corrupción que puedan afectar a miembros del Ejecutivo.

Clamor por un Poder Judicial independiente

“El poder político debe sacar sus manos del Poder Judicial y de la Fiscalía”, han clamado los asistentes, señalando que un Poder Judicial fuerte e independiente “no es un privilegio corporativo, sino una garantía esencial para los ciudadanos”.

Durante la concentración, se han escuchado cánticos en defensa de la independencia judicial. Algunas personas ajenas a la convocatoria, identificadas con formaciones políticas, han intentado politizar la protesta, pero los organizadores han insistido en que el acto era estrictamente institucional y no partidista.

Apoyo ciudadano y continuidad de la protesta

Numerosos opositores y ciudadanos anónimos se sumaron a la convocatoria, en apoyo de una justicia independiente y eficaz. Las asociaciones han agradecido su respaldo y han recalcado que la huelga no es su objetivo, sino una medida de presión ante la falta de diálogo real con el Ministerio de Justicia.

“Nos duelen los ciudadanos y los profesionales de la justicia, pero no podemos quedarnos callados cuando está en juego la salud democrática de nuestro país”, afirmaron al cierre del acto.

A menos de una semana del inicio de la huelga, las asociaciones insisten en que el Gobierno todavía está a tiempo de rectificar y abrir una negociación real para preservar la independencia judicial y la confianza en la Justicia como pilar esencial del Estado de Derecho.