HazteOir presenta querella contra Francina Armengol por presunto falso testimonio en la comisión del Senado sobre el ‘caso Koldo’
La asociación acusa a la presidenta del Congreso de haber mentido bajo juramento sobre su relación con Víctor de Aldama, presunto "conseguidor" de la trama
La asociación HazteOir.org ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, por un supuesto delito de falso testimonio ante una comisión parlamentaria de investigación, previsto en el artículo 502.3 del Código Penal.
La denuncia, firmada por el presidente de la entidad, Ignacio Arsuaga, y por los letrados Javier Pérez-Roldán y Nouna Juana Lozano, sostiene que Armengol mintió de forma “tajante” al negar conocer al empresario Víctor de Aldama, vinculado al conocido caso Koldo, durante su comparecencia el pasado 7 de junio de 2024 ante la comisión de investigación del Senado que estudia los contratos de emergencia suscritos durante la pandemia de la COVID-19.
WhatsApp, reuniones y contradicciones
Según el escrito, la falsedad en el testimonio de Armengol se sustentaría en pruebas aparecidas con posterioridad: conversaciones de WhatsApp entre la entonces presidenta balear y De Aldama, en las que la política le solicitaba información sobre la compra de mascarillas infantiles. Las capturas de pantalla, difundidas en diciembre de 2024 por el propio Aldama a través del programa Horizonte, muestran —siempre según la querella— un tono de confianza entre ambos, incluyendo emoticonos afectivos y trato informal.
La asociación aporta además informaciones periodísticas según las cuales el entorno de Armengol ha admitido la existencia de una reunión entre ella y Aldama en Palma, en el marco de un encuentro con representantes de Globalia, empresa de la que De Aldama habría sido acompañante.
“La querellada no solo conocía a Aldama, sino que mantuvo contacto con él en el contexto preciso de la investigación”, señala el escrito, que tacha de “inverosímil” la posibilidad de un “olvido” involuntario, dada la notoriedad del empresario en la trama investigada y la cercanía entre ambos.
Una mentira con consecuencias
Para HazteOir, el testimonio de Armengol entorpeció de forma “significativa” la labor de la comisión parlamentaria. A su juicio, mintió “con pleno conocimiento” de la trascendencia jurídica de sus palabras, tras haber sido advertida expresamente por el presidente del Senado de su deber de decir la verdad bajo advertencia de responsabilidad penal.
El escrito jurídico subraya que el falso testimonio no fue fruto de una interpretación subjetiva ni de una ambigüedad: Armengol respondió con un “no” rotundo cuando fue interrogada por dos veces sobre si conocía o había hablado con Aldama. Frente a esa versión, se presentan las pruebas documentales y testimoniales que, según la querella, “acreditan de forma objetiva y directa la falsedad” de su declaración.
Peticiones de diligencias
La acusación popular solicita al Tribunal Supremo que:
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Se obtengan las conversaciones extraídas del móvil de Víctor de Aldama por la UCO.
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Se requiera documentación sobre la reunión en Palma con la cúpula de Globalia.
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Se cite a declarar a Aldama y a Juan José Hidalgo, presidente de Globalia.
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Se practique el interrogatorio judicial de Francina Armengol.
Asimismo, se solicita que la querella sea admitida y que se fije una fianza para el ejercicio de la acusación popular, así como que se conceda plazo para subsanar posibles defectos procesales.
Fundamento penal
El artículo 502.3 del Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses a quien falte a la verdad en su testimonio ante una comisión parlamentaria de investigación. Según la jurisprudencia citada por los querellantes, lo relevante no es la gravedad penal del acto político en sí, sino que la mentira afecte a hechos “significativos para los fines que prestan sentido a la constitución de la comisión”.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deberá ahora admitir o inadmitir la querella, evaluar los indicios expuestos y decidir sobre la apertura formal de diligencias contra la presidenta del Congreso.