García Ortiz pide al Supremo el archivo de su causa y apunta al entorno del novio de Alberto González Amador
El fiscal general del Estado sostiene que no hay pruebas en su contra y que la información ya era pública antes de que él accediera a ella
El abogado del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Supremo el archivo de la causa abierta por la supuesta filtración de información sobre el acuerdo de conformidad penal propuesto por Alberto González Amador, en una investigación por presunto fraude fiscal.
En el escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal, la defensa sostiene que no existen pruebas directas que incriminen al fiscal general, mientras que, en cambio, se ha recopilado “abundante material exculpatorio”.
Defensa contra una “estrategia procesal deformada”
El documento denuncia que el procedimiento responde a una estrategia dirigida a presentar una versión sesgada de los hechos, omitiendo deliberadamente elementos que matizan o desmienten las acusaciones contra García Ortiz. En ese sentido, afirma que la querella presenta a González Amador como un particular ajeno al foco público, cuando su relación con Ayuso le otorgaba relevancia mediática.
Según el escrito, fue el propio entorno del querellante quien divulgó la información, antes de que García Ortiz tuviera acceso a ella, con el objetivo de controlar el relato público del caso. La defensa apunta directamente a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y a otras personas cercanas a González Amador, por haber compartido correos y fragmentos del procedimiento con medios de comunicación antes del 13 de marzo de 2024, fecha en la que estalló la polémica.
La información, ya pública
La defensa subraya que la información ya era conocida y difundida públicamente en el momento en que el fiscal general accedió a ella. Por tanto, incluso si se hubiera producido una participación posterior en su difusión, esta sería “jurídicamente atípica”, ya que la doctrina del Supremo establece que la información pierde el carácter de secreto una vez divulgada a periodistas.
En la misma línea, varios periodistas han declarado recientemente en sede judicial que no recibieron la información desde la Fiscalía General, sino por otras vías. Esto, según la defensa, refuerza la inexistencia de vínculo entre García Ortiz y la presunta filtración.
Borrado de datos y acusaciones sin sustento
Respecto al borrado de datos en el teléfono móvil del fiscal general, uno de los puntos más cuestionados por la acusación, su abogado alega que se trató de una actuación legal y conforme a la protección de datos personales, sin que haya en ello indicios de delito.
El escrito concluye solicitando el sobreseimiento libre de la causa, al no existir elementos que permitan sostener una acusación con base penal y señalando al entorno de González Amador como origen real de la filtración.
Esta petición llega en un momento de alta tensión institucional y política, con el caso convertido en uno de los focos del enfrentamiento entre el Gobierno central y el Ejecutivo madrileño, y en medio de un debate abierto sobre la independencia del Ministerio Fiscal.