García Ortiz arremete contra el juez Hurtado y solicita al Supremo archivar el caso por revelación de secretos

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Supremo el archivo del procedimiento abierto en su contra por presunto delito de revelación de secretos relacionado con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En un recurso de 74 páginas, la Abogacía del Estado, que ejerce su defensa, tacha de "ilógicas", "erróneas" y "voluntaristas" las conclusiones del juez instructor Ángel Hurtado y acusa al magistrado de sustentar el procesamiento en inferencias sin pruebas reales.

Según el escrito, el auto que decidió el procesamiento de García Ortiz se basa en una “inferencia temporal” sobre cuándo recibió información el fiscal general y cuándo se difundió públicamente, pero sin evidencias directas que demuestren su implicación en la filtración a los medios. La defensa insiste en que no existen pruebas de que García Ortiz se comunicara con periodistas, y mucho menos con Presidencia del Gobierno, durante la noche clave del 13 de marzo de 2024.

Rechazo a la versión del juez instructor

La Abogacía del Estado afirma que la tesis de Hurtado no se sostiene, y que se han recogido más pruebas exculpatorias que incriminatorias. Acusa al juez de construir una narrativa penal infundada basada en el uso posterior que pudo darse al contenido del correo entre la defensa de González Amador y la Fiscalía.

Uno de los puntos más relevantes es la denuncia de que el documento citado por el juez como prueba y que fue reenviado por la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera al entonces líder socialista madrileño, Juan Lobato, no coincide con el correo original recibido por García Ortiz, por lo que no puede atribuírsele responsabilidad en su difusión.

Origen de la filtración: el entorno de González Amador

La defensa sostiene que la filtración original provino del propio González Amador o de su entorno cercano, como su abogado Carlos Neira o el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Recuerda que varios medios —El Mundo, eldiario.es, La Sexta y Cadena SER— ya tenían conocimiento del correo antes de que el fiscal general lo recibiera, y que Rodríguez tuvo acceso al contenido desde el 12 de marzo.

Se argumenta que, al compartir dicha información con terceros, González Amador renunció al derecho a mantenerla en secreto, incluso si lo divulgado fuera parcialmente inexacto o sesgado. "No puede resultar protegido quien actúa con desprecio manifiesto por la verdad", se subraya.

Sin pruebas, ni mensajes

En lo referente a los mensajes borrados de WhatsApp y el correo Gmail del fiscal general, la defensa sostiene que no fueron eliminados "por capricho", sino por causas ajenas a la investigación, y critica que el juez pretenda usar esa circunstancia como indicio de culpabilidad sin pruebas concretas.

Además, recalca que no existe ningún mensaje que demuestre que García Ortiz reenviara el famoso correo o difundiera su contenido a periodistas u otros actores políticos, más allá de la nota pública emitida por la Fiscalía para desmentir que la oferta de pacto procediera de su institución.

Críticas a la instrucción del caso

El recurso también denuncia que el auto de procesamiento se emitió sin que se valoraran de forma individualizada las alegaciones de la defensa, lo que indicaría que la decisión de procesar al fiscal general ya estaba tomada de antemano.

García Ortiz ha defendido públicamente su inocencia y ha advertido que "no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general", en referencia a lo que considera una campaña política y mediática contra él. Por su parte, desde el entorno del Gobierno y del PSOE se guarda un silencio estratégico, mientras la oposición, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, exige explicaciones urgentes a Pedro Sánchez, a quien acusa de “silencio revelador” y de proteger a su fiscal general en un contexto de crisis institucional y corrupción.

La Sala de Apelación del Supremo tendrá ahora que pronunciarse sobre este recurso, clave en el devenir político y judicial de uno de los casos más delicados que afectan a las altas esferas del Ministerio Fiscal.