España pierde el contrato para enseñar español en la UE: una empresa belga se impone al Instituto Cervantes

La Unión Europea ha excluido al Instituto Cervantes del nuevo contrato para impartir clases de español en sus instituciones, adjudicando el servicio a una empresa belga. La decisión ha generado una profunda polémica en el ámbito político, cultural y diplomático español, al considerar que se trata de una humillación institucional y una pérdida simbólica de control sobre la enseñanza del idioma que España promueve como uno de sus principales activos internacionales.

El contrato en cuestión afecta a la formación lingüística en español de funcionarios y trabajadores de organismos clave de la UE, como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo o el Tribunal de Justicia de la UE. El hecho de que el Instituto Cervantes, la entidad pública creada para la promoción del español en el mundo, no haya logrado hacerse con la licitación, ha encendido las alarmas tanto en medios académicos como entre sectores políticos y sociales.

Falta de competitividad o error institucional

Según fuentes comunitarias, la oferta presentada por el Instituto Cervantes habría sido menos competitiva en términos económicos, lo que habría decantado la balanza a favor de la empresa belga. Sin embargo, diversas voces denuncian una falta de reacción política y diplomática por parte del Gobierno español para defender la candidatura del Cervantes.

“No puede ser que España no consiga ni siquiera la adjudicación para enseñar su propia lengua”, han declarado fuentes del sector. Críticos con la gestión del actual Ejecutivo han cargado contra el Ministerio de Asuntos Exteriores y contra la dirección del Instituto Cervantes, acusándolos de pasividad y de negligencia estratégica en un ámbito tan sensible como la política lingüística exterior.

Un golpe al prestigio cultural de España

La exclusión del Cervantes se percibe como una pérdida de autoridad y presencia institucional en uno de los terrenos donde España históricamente ha liderado: la difusión del español. Actualmente, más de 500 millones de personas hablan español en el mundo, lo que lo convierte en la segunda lengua más hablada por número de hablantes nativos. El idioma representa un recurso geopolítico, cultural y económico estratégico, cuya proyección exterior depende en gran medida del trabajo que realiza el Instituto Cervantes.

Desde la Federación de Asociaciones de Profesores de Español en Europa, se advierte que la decisión de Bruselas podría abrir una peligrosa puerta a la externalización de la enseñanza del español a entidades sin conexión directa con el país de origen del idioma. También temen que se rompa la coherencia metodológica y formativa que ha caracterizado el trabajo del Cervantes en los últimos treinta años.

Reacciones políticas: del silencio a la indignación

La noticia ha sido recibida con estupefacción y malestar en algunos sectores políticos. Partidos de la oposición han acusado al Gobierno de “desidia institucional” y de no haber protegido uno de los pilares del prestigio internacional de España. El vídeo viral de un analista en redes sociales, que ha calificado la situación de “vergonzosa, alucinante e intolerable”, ha reforzado el sentimiento de decepción en una parte de la ciudadanía.

En su intervención, el comunicador denuncia el silencio del Ejecutivo, la falta de reacción del Ministerio de Exteriores, y cuestiona incluso la utilidad del Instituto Cervantes, afirmando que se ha convertido en un órgano burocrático incapaz de competir en el ámbito internacional.

¿Y ahora qué?

El Gobierno aún no ha emitido una explicación oficial sobre las razones de esta exclusión ni sobre las medidas que piensa adoptar. Mientras tanto, el contrato con la empresa belga ya ha comenzado su ejecución, dejando fuera al Cervantes de un espacio en el que venía desarrollando su labor desde hace más de una década.

Expertos en relaciones exteriores consideran que este episodio debe servir como llamada de atención para replantear la estrategia de diplomacia cultural del Estado español y reforzar la presencia internacional de sus instituciones culturales, especialmente en escenarios tan clave como Bruselas.

Lo que está en juego no es solo un contrato administrativo, sino la imagen, influencia y proyección del español en el mundo. La pregunta que queda en el aire es si España sabrá reaccionar a tiempo o seguirá cediendo espacio en su propia lengua a terceros.