Críticas de los antitaurinos al Gobierno de Ayuso por el nuevo Reglamento Taurino
La Plataforma La Tortura No es Cultura (LTNEC) ha denunciado el proyecto de decreto presentado por la Comunidad de Madrid para modificar el Reglamento Taurino, calificándolo como un intento de “perpetuar un negocio opaco” en beneficio de “un pequeño grupo de empresarios cercanos” al Gobierno autonómico.
El borrador del nuevo reglamento, actualmente en trámite de audiencia pública en el Portal de Transparencia autonómico, estará abierto a alegaciones hasta el 24 de diciembre.
Cambios polémicos en el reglamento
El proyecto incluye modificaciones como:
- La incorporación de encierros camperos y mixtos y sueltas en circuitos urbanos cerrados.
- La participación de reses hembras en encierros urbanos.
- La extensión de la edad de las reses en concursos de recortes de dos a cinco años, permitiendo su reutilización en sueltas posteriores.
- La regulación de clases prácticas y tentaderos para estudiantes de tauromaquia.
- La promoción de espectáculos taurinos en municipios sin tradición bajo el pretexto de fomentar esta práctica.
Rechazo social y ético
La LTNEC subraya que el 89% de la población madrileña rechaza o no muestra interés por los espectáculos taurinos, tachados de “crueles y obsoletos”. Según Carmen Ibarlucea, presidenta de la plataforma, el nuevo reglamento "perpetúa un modelo basado en espectáculos violentos que incumple resoluciones internacionales", como las del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que insta a proteger a los menores de este tipo de eventos.
Críticas al uso de recursos públicos
La plataforma también critica que el Gobierno destine recursos a la promoción de la tauromaquia mientras “se recortan presupuestos en áreas clave” como la educación, la cultura y otras políticas públicas esenciales. Ibarlucea afirma que esta medida “contradice la evolución hacia una sociedad más ética y respetuosa con los animales” y desvía fondos necesarios para atender prioridades sociales.
La LTNEC ha reiterado su firme oposición al nuevo reglamento, instando a la ciudadanía a participar en el proceso de alegaciones y denunciar lo que consideran una medida que "socava los valores éticos" de una sociedad moderna y responsable.