Consumo entrega al Ayuntamiento la ubicación de 3.565 pisos turísticos ilegales
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado al Ayuntamiento de Madrid un nuevo archivo con las direcciones postales de 3.565 alojamientos turísticos ilegales activos en la capital. La medida, según el ministerio, busca facilitar su inspección, cierre y la apertura de posibles expedientes sancionadores por parte del consistorio, que ostenta las competencias urbanísticas.
La información, obtenida por la Unidad de Análisis de Consumo, se suma a la remitida el pasado mes de marzo, cuando se alertó de la presencia de más de 15.000 pisos turísticos ilegales en funcionamiento en Madrid. En aquella ocasión, el ministerio ya facilitó un listado inicial de 1.218 direcciones. Con esta nueva entrega, el número total de alojamientos identificados asciende a 3.565.
"Con esta información, el Ayuntamiento de Madrid puede actuar inmediatamente. No hay más excusas", ha afirmado el ministro Pablo Bustinduy en un mensaje difundido en redes sociales.
Choque de cifras y advertencia directa al alcalde Almeida
El Ministerio ha reiterado que, según sus datos, solo 1.131 licencias han sido concedidas oficialmente por el consistorio, lo que contrasta con las más de 16.000 viviendas anunciadas en plataformas de alquiler turístico. Para cada alojamiento ilegal se ha proporcionado la dirección postal y un enlace a su anuncio activo en plataformas como Airbnb o Booking.
En una carta adjunta al envío digital, Bustinduy insta al alcalde José Luis Martínez-Almeida a ejercer sus competencias urbanísticas sin dilación y recuerda que ya hay precedentes municipales eficaces, como el del Ayuntamiento de Barcelona, que logró cerrar 7.000 viviendas ilegales durante el mandato de Ada Colau.
Una estrategia nacional contra los pisos turísticos ilegales
La entrega de este nuevo archivo forma parte de una ofensiva más amplia del Ministerio de Consumo contra los alquileres turísticos sin licencia, considerada por el Gobierno como una amenaza directa al acceso a la vivienda. Entre las actuaciones recientes destacan:
- La retirada de más de 4.000 anuncios ilegales en Booking.
- El bloqueo de 65.000 anuncios sin licencia en Airbnb, avalado por el TSJ de Madrid.
- Varios expedientes sancionadores a grandes plataformas e inmobiliarias por publicidad ilícita y prácticas abusivas.
Desde el ministerio, aseguran que la proliferación de pisos turísticos ilegales encarece el mercado residencial, reduce el parque de vivienda disponible y vulnera el derecho constitucional a una vivienda digna.
“El Ayuntamiento ya no puede mirar hacia otro lado”
El Ministerio ha recordado que estos alojamientos incumplen la normativa urbanística vigente, por lo que corresponde al Ayuntamiento su inspección, clausura y sanción. La falta de respuesta municipal, denuncian desde el entorno de Consumo, está contribuyendo al agravamiento de la crisis de acceso a la vivienda en la capital.
“La ciudadanía no entendería que, teniendo la información y la competencia, no se actúe”, subraya la carta firmada por el ministro.