El bufete Amsterdam & Partners denunciará a Hacienda ante la ONU y la OCDE por violaciones de derechos tributarios
Robert Amsterdam, socio fundador del bufete internacional, acusa a la Agencia Tributaria de vulnerar el Estado de Derecho y reclama una reforma del sistema fiscal español
El despacho internacional Amsterdam & Partners LLP, liderado por el abogado Robert Amsterdam, ha anunciado que denunciará al Estado español ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por lo que califica como violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de los contribuyentes por parte de la Agencia Tributaria (AEAT). La ofensiva legal incluye, además, acciones previstas ante el Tribunal Constitucional español, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En una rueda de prensa celebrada en la Asociación de la Prensa de Madrid, Amsterdam presentó su estrategia jurídica e internacional contra lo que considera una “estructura fiscal abusiva y opaca”. Anunció que la próxima semana presentará una queja de 40 páginas ante la OCDE, solicitando la suspensión del intercambio automático de información fiscal con España, mientras no se garantice el cumplimiento de los tratados internacionales y los principios del Estado de Derecho.
Críticas a la Ley Beckham y al sistema de inspección
El conflicto surge tras la publicación del informe “Hacienda contra el Pueblo: España y la Ley Beckham”, en el que el bufete denuncia una persecución injustificada contra los trabajadores extranjeros acogidos al régimen fiscal especial para impatriados, popularmente conocido como “Ley Beckham”. Según el despacho, este régimen se ha convertido en una “trampa fiscal” con fines recaudatorios, donde la AEAT vulnera la presunción de inocencia, usa mecanismos de coacción e incentiva a sus inspectores a través de un sistema de bonificaciones vinculado al volumen de sanciones.
“En la mente de Hacienda, todos somos defraudadores”, aseguró Amsterdam, quien ha calificado el modelo español como un “Gran Hermano fiscal” y lo ha comparado con prácticas autoritarias, afirmando que “ni siquiera en Corea del Norte se actúa así”.
Silencio institucional y falta de diálogo
El abogado denunció el silencio institucional del Gobierno y de la propia Agencia Tributaria ante los intentos de diálogo. Afirmó haber enviado cuatro cartas y un informe de 100 páginas, sin recibir respuesta ni poder concretar una reunión con responsables de la AEAT. La directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, justificó esta negativa asegurando que el bufete busca notoriedad mediática y que las acusaciones son infundadas.
Ante estas declaraciones, Amsterdam respondió que “no buscamos fama, buscamos justicia”, y subrayó que su equipo, formado por más de 20 abogados, trabaja en España, Bruselas, Estados Unidos y Reino Unido con el objetivo de eliminar la asimetría de poder entre los ciudadanos y Hacienda.
Respuesta institucional: apoyo a la AEAT
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) emitió un comunicado respaldando a la AEAT y rechazando las acusaciones del despacho, al que acusan de “mentir, despreciar y atacar el prestigio de una de las instituciones más valoradas por los españoles”. Los inspectores defendieron su labor y tacharon de intolerables los intentos de “desprestigiar su trabajo profesional en base a generalizaciones falsas”.
El ‘Madrid Memorándum’ y futuras acciones
Amsterdam anunció también que en septiembre presentará un nuevo documento, el ‘Madrid Memorándum’, en el que detallará más casos y supuestas prácticas abusivas por parte del sistema tributario español. “Nuestra denuncia no es contra los inspectores como personas, sino contra un sistema que los convierte en depredadores fiscales”, afirmó.
El abogado concluyó su intervención exigiendo al Gobierno español que “reforme su sistema tributario conforme a los estándares europeos, detenga los ataques personales y actúe como lo que es: un país miembro de la Unión Europea”. También animó a los contribuyentes que se sientan vulnerados a denunciar las prácticas de Hacienda y a “despertar como ciudadanos libres en una democracia”.