Ayuso llevará al Supremo la Ley de Eficiencia Judicial si el Gobierno no evalúa su impacto económico
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este lunes que su Ejecutivo interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo si el Gobierno central no responde al requerimiento formal para evaluar el coste real de la Ley de Eficiencia de la Justicia antes del próximo 10 de mayo.
El aviso se ha producido durante el acto de presentación de la maqueta de la futura Ciudad de la Justicia en Valdebebas.
Según Díaz Ayuso, esta reforma legislativa impulsada por el Ministerio de Justicia "disfrazada de palabras como modernizar o simplificar", oculta en realidad "un nuevo intento de control del Poder Judicial" y constituye “un caballo de Troya ideológico que pone en riesgo la separación de poderes y la tutela judicial efectiva”.
Críticas a la reforma judicial y defensa del equilibrio institucional
La presidenta regional ha sido especialmente crítica con el enfoque del Ejecutivo central, al que acusa de pretender instaurar "una justicia sin jueces" mediante la implantación de nuevos métodos de resolución de conflictos que, según ha señalado, son más propios "del sueño de los totalitarios" que de un Estado de Derecho consolidado.
“La obsesión por controlar el Poder Judicial no es nueva. Desde hace décadas, esta deriva se repite en muchos países con gobiernos de ideologías similares”, ha advertido.
Ayuso ha reivindicado además el papel de los presidentes autonómicos como "garantes del orden constitucional, la unidad nacional y los derechos fundamentales", y ha subrayado que no pueden ser “meros ejecutores de los planes del Gobierno”. En su opinión, las comunidades autónomas tienen la obligación de velar por que no se erosione la arquitectura institucional del país.
Requerimiento formal y amenaza de recurso ante el Supremo
El pasado 10 de abril, la Comunidad de Madrid presentó un requerimiento formal al Ejecutivo central para que evaluase de manera urgente el impacto económico de la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia y garantizase la financiación necesaria para su implementación.
“Si no se evalúan los costes, estas leyes ideológicas siguen adelante carcomiendo cada vez más nuestras competencias y debilitando nuestras instituciones”, ha afirmado Ayuso. “Si no recibimos respuesta antes del 10 de mayo, llevaremos este asunto ante el Tribunal Supremo”.
Contexto: la Ciudad de la Justicia y la tensión institucional
Estas declaraciones se han producido en el marco de la presentación de la maqueta del complejo judicial más ambicioso de Europa, la Ciudad de la Justicia de Madrid, que comenzará a construirse en junio en Valdebebas. Un proyecto que, según Ayuso, representa el compromiso de su gobierno con una justicia moderna, independiente y accesible.
Con esta advertencia, la presidenta madrileña eleva el tono frente al Gobierno central y se posiciona como una firme defensora del sistema judicial frente a lo que considera una amenaza directa a su independencia. La Comunidad de Madrid se prepara así para un nuevo pulso institucional en defensa de lo que considera sus competencias y la estructura del Estado de Derecho.