Ayuso garantiza asesoramiento jurídico gratuito a víctimas de ocupación ilegal en Madrid
La Comunidad de Madrid ha dado este martes un nuevo paso en su estrategia contra la ocupación ilegal de viviendas. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado un protocolo de colaboración con los colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares y con el Colegio de Procuradores de Madrid para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a las personas afectadas por este fenómeno. La rúbrica del acuerdo se ha llevado a cabo en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico.
“No vamos a ponernos de perfil”, ha afirmado Díaz Ayuso durante el acto, en el que ha destacado la necesidad de que las administraciones actúen con firmeza y rigor ante un problema que, según sus palabras, “deteriora barrios enteros y arruina la vida de miles de propietarios”. La presidenta ha denunciado que “detrás de cada denuncia hay personas afectadas, propietarios que pierden sus casas y vecinos que ven alterada su convivencia”.
Representación legal, atención psicológica y nuevo canal de ayuda en el 012
El protocolo contempla no solo el asesoramiento jurídico gratuito de letrados, sino también representación procesal de procuradores en los procedimientos judiciales. Además, los perjudicados contarán con atención psicológica a través de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD).
Como novedad, el Gobierno madrileño habilitará un nuevo servicio especializado sobre ocupación ilegal en el teléfono 012, que actuará de forma complementaria al ya existente 112 Ocupación. Este canal permitirá a los ciudadanos recibir información y apoyo inmediato y establecerá un mecanismo ágil de derivación con el 112 para los casos más urgentes.
Llamadas, denuncias y desalojos: balance del servicio 112 Ocupación
Desde su creación en junio de 2022, el 112 Ocupación ha recibido 4.041 llamadas, con un total de 246 denuncias sobre ocupaciones ilegales. En este periodo, se ha logrado evitar o desalojar a los ocupantes en 44 casos, lo que, según Díaz Ayuso, demuestra la eficacia del dispositivo y la necesidad de ampliar su alcance con nuevas medidas de apoyo legal.
Reforma legal y mensaje político
Durante su intervención, la presidenta madrileña ha reclamado una modificación de las leyes actuales que, según ha denunciado, “impiden a los jueces actuar con urgencia” para restituir la propiedad a sus legítimos dueños. “Esto va de delitos, pero también de derechos fundamentales”, ha advertido.
Ayuso ha querido dejar claro que el fenómeno de la ocupación ilegal no es un reflejo de una sociedad fallida, sino del “fallo de quienes desde el poder y las administraciones no hacen lo que deben, con rigor jurídico y respeto por la verdad”.
Una realidad que preocupa a los madrileños
La Comunidad de Madrid reconoce que no tiene competencias directas en materia de justicia, pero insiste en su compromiso para “estar al lado de los ciudadanos que sufren este tipo de delitos”. Ayuso ha subrayado que algunas de estas viviendas ocupadas se convierten en “narcopisos o refugios para redes de trata de seres humanos”, agravando el deterioro de barrios enteros.
El acuerdo firmado también contó con la presencia de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid; Ángel Llamas, decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares; y Alberto García, decano del Colegio de Procuradores de Madrid.