El Ayuntamiento paraliza el derribo de una nave con amianto en Retiro tras las protestas vecinales y pide disculpas por la falta de información
El Consistorio detiene los trabajos hasta pactar un nuevo calendario con los vecinos, que denuncian riesgos para la salud y exigen mayor transparencia
La Junta Municipal del distrito de Retiro ha aprobado por unanimidad instar al Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid a paralizar los trabajos de desamiantado en la nave municipal ubicada en el número 138 de la calle Doctor Esquerdo, tras una fuerte protesta vecinal por la falta de información, los posibles riesgos para la salud y la elección del periodo estival para las obras.
Los trabajos, que comenzaron sin consulta previa con los residentes, han provocado la indignación de las comunidades colindantes. En una sesión extraordinaria celebrada este martes, la Junta escuchó las quejas de numerosos vecinos, muchos de ellos alarmados por la presencia de polvo y la proximidad del inmueble a zonas residenciales y piscinas comunitarias.
Críticas vecinales y exigencia de garantías
Vecinos como Pilar Jimeno, residente en el número 140, denunciaron que se les notificó el inicio de las obras a través de un cartel mal redactado y sin firma, apenas unos días antes del comienzo de los trabajos. Afirmaron además que han observado movimientos fuera del horario estipulado y una supuesta falta de confinamiento del área afectada por amianto. “¿Alguien ha pensado que aquí juegan niños y se bañan familias?”, cuestionó Jimeno.
Otros residentes, como Ricardo Gómez y Francisco Crespo, pidieron que la obra se aplace a un periodo más adecuado, mientras que Avelino López reclamó acceso al proyecto técnico y exigió poder hablar directamente con el responsable de obra.
Respuesta institucional y disculpas públicas
Ante la presión, todos los grupos políticos representados en la Junta (PP, Más Madrid, PSOE y Vox) aprobaron una modificación de la propuesta inicial de Más Madrid para solicitar oficialmente la paralización de los trabajos hasta que se celebre una reunión entre el Ayuntamiento y los vecinos en los próximos días. Andrea Levy, concejala presidenta del distrito, pidió disculpas públicamente por la gestión del proceso:
“Ha sido un error y pido mil disculpas a los vecinos. Tomamos nota y actuaremos con transparencia. No puedo paralizar una obra directamente, pero sí trasladar su voluntad al área competente”.
Condiciones del desamiantado y protocolo de seguridad
La empresa encargada de la retirada del amianto, dMol, ha defendido en un comunicado remitido a los residentes que el material es “no friable” y que está siendo encapsulado antes de su retirada, lo que evitaría la dispersión de fibras tóxicas. La zona afectada, aseguran, está cerrada, señalizada y cuenta con filtros HEPA y mediciones ambientales diarias. También recomiendan mantener ventanas cerradas, no tender ropa al exterior y evitar el uso de piscinas en las horas de trabajo, comprendidas entre las 7:00 y las 13:00 horas.
Sin embargo, la alarma persiste entre los vecinos, que cuestionan la ejecución, las garantías y el método utilizado. La intervención forma parte del plan municipal para demoler la nave y levantar un centro deportivo en su lugar, una iniciativa considerada necesaria por muchas familias, pero cuya forma de ejecución ha sido calificada de “nefasta” incluso por portavoces del PP y Vox.
Medidas adoptadas y próximos pasos
Mientras se reevalúa el calendario de actuación, los trabajadores municipales afectados por la intervención han sido enviados a teletrabajar por orden de la Secretaría General Técnica de Vivienda. El proceso completo de demolición se estima que durará cuatro meses, siendo las tres primeras semanas dedicadas al desamiantado, siempre según la planificación aprobada por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y validada por el Ayuntamiento el pasado 4 de junio.
Este miércoles, se celebrará la esperada reunión entre responsables municipales y vecinos, donde se espera alcanzar un acuerdo sobre las nuevas fechas, las condiciones de ejecución y el acceso a la documentación técnica, incluida la metodología de retirada y las medidas sanitarias.
El caso, que ha puesto en evidencia las carencias en la comunicación institucional con los ciudadanos, ha abierto además un debate más amplio sobre la gestión del amianto en edificios públicos y el derecho de los vecinos a participar en decisiones que afecten directamente a su salud y entorno.