El Ayuntamiento pospone la presentación de la Ley de Capitalidad por falta de garantías del Gobierno
La presentación de la reforma, que se había previsto inicialmente para enero, queda suspendida hasta que las circunstancias políticas cambien y se pueda asegurar que el texto se tramitará de acuerdo con los intereses del consistorio.
Sanz destacó que, en la situación actual, "no hay un PSOE ni un Gobierno de España" que brinden la "más mínima garantía de fiabilidad" para que la reforma avance de manera favorable para Madrid. Según explicó la vicealcaldesa, el Ayuntamiento seguirá trabajando en el borrador de la Ley de Capitalidad, pero avanzará en su presentación solo cuando considere que existen condiciones políticas propicias.
PSOE-PP: distanciamiento municipal y nacional
La reforma de esta ley pasa por una propuesta inicial del Ayuntamiento, que debe ser debatida con los grupos políticos antes de ser presentada en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el Ejecutivo municipal ve poco probable que se logre una tramitación exitosa bajo las condiciones actuales, debido a la creciente distancia entre el PSOE y el Partido Popular (PP), tanto a nivel municipal como nacional.
"Nosotros vamos a trabajar en el texto, vamos a tener preparado todo el borrador de la modificación normativa y hablaremos con los grupos, pero solo avanzaremos si entendemos que con todas las garantías puede salir una ley que sea buena para Madrid", declaró Sanz. A pesar de los esfuerzos por mantener la reforma en marcha, la vicealcaldesa aseguró que la situación política no es la más propicia para dar pasos adelante en el proceso.
Además, Sanz puso en evidencia las dificultades políticas que enfrenta el Gobierno central, citando como ejemplo la incapacidad para llegar a un acuerdo con la oposición en temas clave como la inversión en defensa. "El Gobierno trata al PP como a Bildu, lo que complica avanzar en cualquier iniciativa", lamentó.
Estas declaraciones surgen en un contexto de creciente tensión entre el PP y el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, con relaciones institucionales rotas entre ambos partidos. Esta falta de consenso dificulta el trabajo conjunto para abordar temas de gran relevancia, como la reforma de la Ley de Capitalidad, que pretende adaptar el marco normativo a la realidad y las necesidades actuales de la ciudad de Madrid.