Las asociaciones de fiscales mantienen la huelga de julio pese a la advertencia de García Ortiz
La AF y la APIF aseguran que el fiscal general del Estado impone condiciones que "imposibilitan" el derecho de huelga y anuncian un recurso contra su actuación
La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han reafirmado este sábado su compromiso con la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio, en señal de protesta por las reformas legislativas que, a su juicio, comprometen la independencia del Ministerio Fiscal. La decisión se mantiene pese a las advertencias del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha instado a los fiscales jefes a garantizar los servicios mínimos y a reportar cualquier incidencia.
Ambas asociaciones han presentado un recurso de reposición contra el documento emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE), que asume la posición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en cuanto a la falta de respaldo normativo del paro. Según los convocantes, el documento representa un intento de "cercenar" el derecho de huelga.
Denuncia de “represalias encubiertas”
Los fiscales consideran que los servicios mínimos establecidos por García Ortiz son “tan amplios” que anulan de facto el ejercicio del derecho de huelga, al quedar condicionados a que también los jueces suspendan sus actuaciones. En este escenario, denuncian que el fiscal queda reducido a “una mera comparsa del juez”.
Además, critican la solicitud del fiscal general a las jefaturas de Fiscalía para que informen sobre las incidencias durante el paro, interpretando esta medida como una amenaza de posibles represalias disciplinarias. Según las asociaciones, esta actuación busca “provocar la zozobra y el desaliento” entre los fiscales llamados a secundar la huelga.
Protesta por la reforma judicial
El paro fue convocado como respuesta a las reformas legislativas promovidas por el Gobierno, centradas en el acceso a la carrera judicial y en el nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. Tanto la AF como la APIF consideran que los cambios debilitan los principios de independencia y equilibrio institucional del sistema judicial español.
Antecedentes y contexto
Las asociaciones recuerdan que el derecho de huelga ya fue reconocido para el colectivo fiscal en noviembre de 2018, con el aval de todas las organizaciones representativas del Ministerio Público, incluida la que entonces presidía el actual fiscal general del Estado.
En este contexto, las organizaciones convocantes han pedido respeto al ejercicio de este derecho constitucional y han advertido que la actuación de la Fiscalía General “vulnera gravemente la libertad sindical y el principio de legalidad”.
La situación tensa el panorama judicial en pleno debate nacional sobre la independencia del poder judicial, las reformas del Gobierno en materia de justicia y la creciente contestación desde asociaciones profesionales. La huelga se perfila como un hito significativo en este conflicto institucional.