Preocupación por el perfil de menores no acompañados en Madrid: varones, 16 años y con adicciones
Los servicios de acogida de la Comunidad de Madrid están al 135% de su capacidad ante un perfil de extrema vulnerabilidad marcado por las drogas y las mafias
La Comunidad de Madrid afronta una situación de máxima presión en sus recursos de atención a menores inmigrantes no acompañados, cuyo perfil ha evolucionado hacia una mayor vulnerabilidad y riesgo social. Actualmente, los centros de acogida están al 135% de su capacidad, según datos del Gobierno regional, en un contexto donde la atención y protección de estos jóvenes se enfrenta a graves desafíos estructurales y sociales.
El perfil mayoritario de los menores tutelados es el de varones de 16 años, procedentes principalmente del norte de África, aunque en los últimos años se ha incrementado también la llegada de menores de origen subsahariano. Muchos de ellos presentan adicciones a sustancias estupefacientes y han sido víctimas o están en riesgo de caer en redes de mafias que dificultan gravemente su adaptación e integración en el país.
Llegan solos, muy jóvenes y con una historia de abandono
Los expertos alertan de que, en muchos casos, el proceso migratorio se inicia cuando los menores son aún niños, emprendiendo rutas extremadamente peligrosas y prolongadas. El modo de entrada al país también ha cambiado: si antes lo hacían en patera o ocultos en camiones, ahora es habitual que entren en avión, utilizando documentación falsa o acompañados por adultos que desaparecen tras el aterrizaje.
El resultado de este trayecto es una fractura emocional y social profunda, que se agrava cuando los menores no acceden a los servicios de protección o terminan viviendo en la calle, sin apoyo institucional ni familiar. Esta situación de máxima fragilidad los convierte en presa fácil para redes criminales, en muchos casos de forma irreversible.
Saturación en los centros y falta de recursos especializados
La Comunidad de Madrid dispone actualmente de 2.176 plazas de tutela, distribuidas entre diferentes centros. Sin embargo, solo 26 plazas están destinadas a la atención de menores con adicciones o trastornos de conducta, ubicadas en el centro El Pinar. Esta cifra resulta claramente insuficiente ante la creciente demanda y la complejidad del perfil de los nuevos ingresados.
Desde el Ejecutivo regional se advierte de la necesidad urgente de ampliar los recursos especializados para poder ofrecer una atención adecuada, tanto en el plano sanitario como psicológico y social. La "sobreocupación" de los centros impide trabajar con la profundidad necesaria en procesos de inserción, educación o desintoxicación, lo que provoca una cronificación de los problemas.
Un problema que va más allá de lo asistencial
La situación de los menores extranjeros no acompañados (MENAs) se ha convertido en una cuestión de Estado, que requiere coordinación entre administraciones, implicación del Gobierno central y políticas migratorias realistas. El fenómeno, que afecta a varias comunidades autónomas, pone sobre la mesa la ausencia de una estrategia común para el tratamiento de estos casos, donde confluyen el abandono institucional, la exclusión social y la delincuencia organizada.
Organizaciones sociales advierten del riesgo de estigmatización y recuerdan que estos menores son, en primer lugar, víctimas. Reclaman más inversión pública y programas de intervención temprana que permitan detectar los casos más graves y ofrecer alternativas reales antes de que la situación se deteriore aún más.
Madrid, al igual que otras grandes ciudades, se enfrenta así a un reto complejo: proteger a menores profundamente vulnerables en un sistema que ya ha alcanzado su límite.