Madrid denuncia la “sobreocupación” en sus centros de menores y critica un reparto “arbitrario” promovido por Puigdemont y el Gobierno central
La Comunidad de Madrid alerta de una ocupación del 132% en sus centros y reprocha al Ejecutivo central que pretenda trasladar 2.000 menores a Madrid, Andalucía y Valencia, frente a los 20 de Cataluña
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha denunciado este domingo una situación de “absoluta tensión” y “sobreocupación” en los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados, que actualmente superan el 130% de su capacidad y han alcanzado picos del 150%.
Durante una entrevista en la agencia Servimedia, Dávila alertó de que la llegada descoordinada y sin planificación de menores por parte del Gobierno de España está poniendo en riesgo el sistema de protección autonómico. La Comunidad de Madrid atiende actualmente a 2.442 menores, según los últimos datos oficiales.
“Llevamos más de un año advirtiendo de esta situación. La gestión se complica enormemente y el Gobierno central se ha negado a declarar la emergencia migratoria a nivel nacional”, afirmó la consejera.
Además, Dávila recriminó la falta de control y certificación de edad por parte del Gobierno, lo que está provocando, según dijo, el traslado de adultos que se hacen pasar por menores, un hecho que compromete la seguridad de los centros y del resto de los menores atendidos.
Críticas al reparto y a los acuerdos con Junts
La titular madrileña de Familia cuestionó también el reparto que prevé el Gobierno central para descongestionar los centros canarios, y que será debatido en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, prevista para el 28 de abril. Según Dávila, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana recibirán 2.000 menores, mientras que Cataluña apenas 20 o 30.
“Es una medida arbitraria, ilegal y obligatoria que responde únicamente a intereses políticos del presidente Sánchez, con el fin de mantener el apoyo de Junts”, denunció.
Dávila lamentó haber conocido la convocatoria del 28 de abril por los medios de comunicación, y aseguró que todavía no han recibido comunicación oficial alguna por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. A su juicio, se trata de un “acuerdo político incorporado por un prófugo de la justicia”, en alusión al expresidente catalán Carles Puigdemont, lo que a su entender convierte a los menores en “monedas de cambio”.
Riesgo para el sistema y los profesionales
La consejera advirtió que la tensión en los centros también afecta gravemente a los profesionales, quienes tienen que enfrentarse a situaciones cada vez más complejas, marcadas por mayores consumos de sustancias y perfiles más vulnerables.
“No se está pensando en los menores. El presidente Sánchez solo piensa en Sánchez”, concluyó Dávila, quien reiteró que las comunidades autónomas deben poder ejercer sus competencias sin imposiciones desde el Gobierno central.
Por último, exigió una respuesta integral y planificada ante esta crisis migratoria, que ya ha dejado más de 10.400 fallecidos en las rutas hacia Canarias, y subrayó la urgencia de una política responsable que priorice la protección de los menores y el respeto a las competencias autonómicas.