Abogados, procuradores y arquitectos se manifestarán en Madrid para exigir la pasarela al RETA

Miles de abogados, procuradores, arquitectos, arquitectos técnicos y aparejadores de toda España han convocado una gran manifestación en Madrid el próximo 27 de septiembre. Reclaman al Gobierno y a todos los partidos políticos una solución definitiva al problema que, desde hace décadas, afecta a los llamados mutualistas alternativos: profesionales que, en lugar de cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), han aportado durante años sus cuotas a mutualidades privadas obligatorias, y que hoy temen quedarse sin pensiones dignas ni derechos sociales equivalentes a los de cualquier autónomo.

“No podemos seguir esperando para tener los mismos derechos que el resto de los españoles”, insiste la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ).

El itinerario de la protesta y sus convocantes

La manifestación, que comenzará a las 12:00 horas, partirá desde la Plaza de España, recorrerá la Gran Vía y finalizará ante el Congreso de los Diputados. La convocatoria está impulsada por plataformas como el Movimiento #J2, la Plataforma Pasarela al RETA, ANAMA, ANMARQ, Venia y Marea Negra, que agrupan principalmente a abogados, procuradores, arquitectos, aparejadores y otros profesionales colegiados.

“Es el momento de demostrar fuerza, unidad y determinación. Nos jugamos el futuro de la pasarela”, subrayan desde el Movimiento #J2.

¿Qué son las mutualidades alternativas y por qué hay conflicto?

Origen del sistema

Las mutualidades alternativas surgieron en España a mediados del siglo XX. Eran instrumentos de previsión social obligatorios creados por colegios profesionales (abogacía, procura, arquitectura, etc.) para sus colegiados autónomos. Durante años, quienes ejercían como profesionales liberales no podían cotizar en el RETA y estaban obligados a hacerlo en estas mutualidades.

La Ley 30/1995 abrió la puerta a elegir entre seguir en la mutualidad o integrarse en el RETA. Sin embargo, miles de profesionales —por desconocimiento, presión colegial o razones económicas— se mantuvieron en las mutualidades, convencidos de que tendrían garantizadas pensiones similares a las de la Seguridad Social.

El problema actual

El resultado es que cerca de 200.000 profesionales (según estimaciones de las plataformas afectadas) han cotizado durante décadas a mutualidades privadas que:

• No garantizan pensiones mínimas equivalentes al RETA.
• No otorgan derechos a prestaciones básicas como incapacidad permanente, maternidad o viudedad en las mismas condiciones que el sistema público.
• No aseguran prestaciones a huérfanos ni familiares supervivientes en algunos casos.

Muchos mutualistas, especialmente quienes están próximos a la jubilación o ya jubilados, se han encontrado con pensiones irrisorias. Por ejemplo, algunas mutualidades ofrecen pensiones que no superan los 400-600 euros mensuales, muy lejos de la pensión mínima pública para autónomos.

“Queremos que se nos trate como a cualquier autónomo, integrándonos en el RETA y reconociendo los derechos generados en las mutualidades en cuanto a tiempo y aportaciones”, señalan desde la Plataforma Pasarela al RETA.

Qué piden los manifestantes: una “pasarela 1x1”

Los colectivos profesionales reclaman una solución legal llamada “pasarela al RETA”:

• Permitir el paso voluntario desde las mutualidades al RETA.
• Reconocer año por año (1x1) los periodos cotizados en las mutualidades.
• Reconocer las aportaciones económicas ya realizadas como equivalentes a las bases de cotización mínimas del RETA.
• Garantizar derechos de pensión y prestaciones en igualdad con el resto de los autónomos.

La propuesta busca que ningún mutualista quede excluido por haber confiado durante años en las mutualidades. Es especialmente crucial para colectivos vulnerables, como viudas, huérfanos o jubilados, que podrían perder la protección social básica si no se reconoce el tiempo cotizado.

La situación parlamentaria de la pasarela al RETA

Actualmente, el Congreso de los Diputados tramita una Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista en noviembre de 2024. Esta norma pretende regular la integración voluntaria de mutualistas alternativos en el RETA. Sin embargo, los colectivos profesionales critican que el texto original:

• No reconoce todos los periodos cotizados.
• Deja fuera a mutualistas ya jubilados o en situación pasiva.
• No garantiza equivalencia económica de lo aportado.

La Proposición de Ley se encuentra en fase de enmiendas, con plazo hasta mediados de septiembre. Después, pasará a la fase de Ponencia, donde los grupos parlamentarios debatirán posibles cambios hasta principios de octubre. Los convocantes ven crucial esta recta final de tramitación para asegurar que la ley no deje a nadie atrás.

“Salimos a la calle una vez más para pedirle a los políticos que resuelvan este grave problema que afecta a miles de mutualistas alternativos que se encuentran atrapados en un sistema de previsión social que ha resultado fallido”, señala ANAMA.

El coste económico y el dilema del Estado

El tema no es solo jurídico: es también económico. Integrar a todos los mutualistas en el RETA con reconocimiento de derechos supondría para el Estado un coste económico que aún no está cuantificado con precisión. Las mutualidades gestionan fondos privados, y convertir esas aportaciones en derechos públicos implicaría asumir parte de las pensiones futuras.

Por eso, el Gobierno y varios partidos estudian fórmulas mixtas, como mecanismos de conversión parcial de derechos económicos o períodos de carencia reducidos. Sin embargo, los profesionales advierten de que cualquier solución que no sea plena equivalencia supondrá una injusticia para quienes confiaron en las mutualidades.

“Nuestra propuesta es compatible con el principio de solidaridad del sistema público. Queremos que se reconozca el valor económico de los derechos acumulados en las mutualidades”, explican desde ANAMA.

Un conflicto que ha estallado en la calle

La manifestación del 27 de septiembre será, según sus convocantes, la mayor movilización de mutualistas hasta la fecha. No es la primera: en febrero de 2024 ya salieron miles a las calles en ciudades como Madrid y Barcelona. Sin embargo, la situación política, marcada por la fragmentación parlamentaria, hace temer que el tema vuelva a quedar bloqueado.

Para muchos, la protesta es la última oportunidad antes de que se cierre el periodo de enmiendas y se consolide una ley que podría dejar fuera a miles de profesionales.

“La calle es nuestra herramienta. Nos jugamos nuestro futuro”, insisten desde el Movimiento #J2.

¿Qué puede ocurrir tras la manifestación?

Si los grupos parlamentarios no introducen cambios de calado, la ley podría aprobarse en otoño dejando fuera a buena parte de los mutualistas jubilados o en situación pasiva. Los convocantes han anunciado que, de ser así, continuarán las movilizaciones, incluso estudiando acciones legales ante el Tribunal Constitucional o instituciones europeas.

La cuestión, coinciden juristas y economistas, es un desafío pendiente para el Estado: cómo integrar a decenas de miles de profesionales en el sistema público sin agraviar al resto de autónomos y garantizando la sostenibilidad económica de la Seguridad Social.

¿Qué es una mutualidad alternativa?

Las mutualidades alternativas son entidades privadas de previsión social creadas por colegios profesionales (abogados, arquitectos, procuradores, etc.) para gestionar las pensiones y coberturas sociales de sus colegiados autónomos. Fueron obligatorias hasta 1995. Hoy funcionan como sistemas privados, sin la misma cobertura ni garantía pública que el RETA.

Problema:

• Muchos mutualistas se han quedado sin pensiones mínimas públicas.
• No tienen derecho a las mismas prestaciones sociales que los autónomos del RETA.
• Reclaman una integración que reconozca sus derechos cotizados.