Madrid garantiza el aborto mediante clínicas privadas ante las limitaciones de la red pública
La Comunidad de Madrid reconoce que algunos hospitales públicos tienen actualmente dificultades para garantizar la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Entre los factores que explican esta situación figura la objeción de conciencia de parte de los profesionales sanitarios, circunstancia ante la que el Gobierno regional recurre a la contratación de servicios en clínicas privadas.
Esta situación aparece recogida en un acuerdo marco publicado en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid para prestar servicios sanitarios de interrupción voluntaria del embarazo vinculados al Hospital Universitario El Escorial.
El documento señala que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) no está en condiciones de asumir todos los procedimientos incluidos en su cartera de servicios, por lo que contempla recurrir a centros externos acreditados con el objetivo de atender la demanda existente.
La Administración regional defiende que este mecanismo permite garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres con derecho a asistencia sanitaria pública, manteniendo la prestación en condiciones de igualdad y conforme a la legislación vigente.
La objeción de conciencia, entre las dificultades de la red pública
Uno de los factores señalados para explicar las dificultades de algunos centros públicos es la objeción de conciencia de profesionales sanitarios.
Desde la Consejería de Sanidad han precisado que la prestación puede realizarse en cualquier hospital público de la Comunidad de Madrid y sostienen que el Sermas garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Al mismo tiempo, la Consejería defiende que este acceso debe compatibilizarse con el derecho de los profesionales sanitarios a acogerse a la objeción de conciencia.
La fórmula elegida ante las dificultades existentes pasa, por tanto, por contratar servicios externos en centros privados acreditados, de manera que pueda garantizarse la prestación a las mujeres que tienen derecho a recibirla dentro de la asistencia sanitaria pública.
El 99,53 % de los abortos de 2024 se realizaron en centros privados
Los datos correspondientes a 2024 reflejan el elevado peso que tienen los centros privados en las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la Comunidad de Madrid.
De los 18.149 abortos voluntarios registrados en la región durante ese año, 18.063 se practicaron en centros privados, lo que representa el 99,53 % del total.
Dentro de la actividad privada, 6.432 interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros hospitalarios, mientras que otras 11.631 tuvieron lugar en centros extrahospitalarios.
Las cifras contrastan con las correspondientes a la red pública. Durante el mismo periodo se realizaron 86 interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos, equivalentes al 0,47 % del total registrado en la Comunidad de Madrid.
De esas 86 intervenciones, 85 fueron realizadas en hospitales, mientras que una se practicó en otro tipo de centro hospitalario.
Un acuerdo marco vinculado al Hospital Universitario El Escorial
La contratación de servicios privados aparece recogida en un acuerdo marco referido a las interrupciones voluntarias del embarazo vinculadas al Hospital Universitario El Escorial.
Según el documento, el Sermas plantea acudir a centros externos debidamente acreditados debido a que no puede asumir todos los procedimientos incluidos en su cartera de servicios.
El planteamiento de la Administración madrileña es que esta contratación permita mantener la asistencia y garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho a acceder a la prestación, incluso cuando existan dificultades para realizarla directamente en determinados hospitales públicos.
Desde Sanidad regional insisten, no obstante, en que el Sermas garantiza el acceso al aborto y que la prestación puede llevarse a cabo en cualquier hospital público madrileño.
Mónica García critica al Gobierno de la Comunidad de Madrid
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reaccionado a la publicación del documento cuestionando la actuación del Ejecutivo autonómico.
García ha acusado al Gobierno regional de incumplir la normativa al no garantizar, según sostiene, que las mujeres puedan acceder al aborto en los hospitales públicos.
La ministra también ha reclamado a la Comunidad de Madrid que ponga en marcha el registro de profesionales objetores de conciencia.
Además, ha exigido que se asegure la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en todos los hospitales públicos de la región.
La controversia se produce en un escenario en el que las cifras de 2024 muestran una concentración prácticamente total de las interrupciones voluntarias del embarazo en centros privados: 18.063 de las 18.149 registradas se realizaron en la sanidad privada, mientras que únicamente 86 tuvieron lugar en la red pública.