Sánchez y Pradales negocian el traspaso de la Seguridad Social vasca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, se reúnen este martes en La Moncloa para abordar uno de los asuntos más delicados y simbólicos del autogobierno vasco: el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social. El encuentro, enmarcado en la comisión bilateral entre el Ejecutivo central y el Gobierno vasco, busca culminar el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika, aprobado hace más de cuatro décadas y que todavía mantiene competencias pendientes de transferir.

La cita llega en un contexto político especialmente tenso, tras el reciente acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para la creación de una Hacienda catalana con capacidad de recaudación propia. Este paso ha encendido las alarmas en el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que reclama al Ejecutivo central que acelere también las transferencias comprometidas con Euskadi y denuncia “agravios comparativos” en el reparto de autogobierno.

“La confianza del PNV en el PSOE está en la UCI”, advirtió la semana pasada la nueva portavoz nacionalista en el Congreso, Maribel Vaquero, en alusión tanto al retraso de los traspasos como a los casos de corrupción que han salpicado recientemente al Partido Socialista.

Un traspaso parcial y complejo

A diferencia de lo que ocurre en Cataluña, el País Vasco ya cuenta con un Concierto Económico singular, que le otorga amplias competencias fiscales y de recaudación tributaria. Sin embargo, la gestión económica de la Seguridad Social sigue bajo control del Estado, pese a que el artículo 18 del Estatuto de Gernika contempla expresamente la posibilidad de transferirla.

El Gobierno vasco aspira a gestionar las prestaciones no contributivas —como ayudas por hijo a cargo, prestaciones familiares, subsidios por maternidad o ayudas a familias numerosas— en un primer paso, antes de avanzar hacia una gestión más amplia. Desde el PNV se recalca que se trata de la misma fórmula utilizada para el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cedido parcialmente a Euskadi en 2021, bajo supervisión estatal.

No obstante, el Gobierno central insiste en que cualquier traspaso mantendrá la “caja única” de la Seguridad Social, considerada clave para la solidaridad interterritorial y para garantizar la igualdad de las pensiones en todo el país. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, consultadas por El Diario de Madrid, subrayan que el Estado “no cederá ni la legislación ni la capacidad de fijar las cuantías de las pensiones contributivas”.

Claves jurídicas y políticas

El asunto es jurídicamente espinoso. La Constitución Española y el Estatuto de Gernika recogen la posibilidad de traspasar la gestión económica, pero con importantes límites: la caja única debe permanecer intacta y las bases normativas continúan en manos del Estado. Así lo ha ratificado el Tribunal Constitucional en varias sentencias, dejando espacio solo a la gestión administrativa, pero no a la regulación ni a la gestión financiera independiente.

“Es un traspaso de ventanilla, pero no de fondo. Euskadi podría gestionar expedientes, pero no decidir las cuantías ni los criterios de acceso a las pensiones o prestaciones contributivas”, explica a El Diario de Madrid el constitucionalista Roberto Blanco Valdés.

Presión política y calendario

El Ejecutivo vasco urge al Gobierno central a pasar de las palabras a los hechos. Desde el entorno de Pradales se reclama que Sánchez acuda a la reunión con “textos y borradores” que permitan plasmar jurídicamente el traspaso antes de que finalice 2025, plazo que ambas partes se marcaron en los pactos de investidura de 2023.

Además de la Seguridad Social, el Gobierno vasco quiere avances en otros asuntos clave para su agenda política: inversiones en infraestructura energética para la industria, la operación de la compañía Talgo, la gestión migratoria o el reconocimiento oficial del euskera en la Unión Europea, un tema que se debatirá este viernes en Bruselas y que también forma parte de las prioridades nacionalistas.

Cataluña, el detonante

La reunión entre Sánchez y Pradales se produce apenas 24 horas después del anuncio del acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para poner en marcha la denominada “financiación singular”, que permitiría a Cataluña asumir buena parte de la recaudación tributaria en su territorio. Este movimiento ha espoleado al PNV, que exige trato equivalente y advierte del riesgo de fractura territorial.

“Si se avanza en Cataluña, también debe avanzarse aquí. No se puede gobernar a base de excepciones para unas comunidades mientras se posterga a otras,” apuntan fuentes nacionalistas.

Una pieza clave de la legislatura

Para Pedro Sánchez, el cumplimiento de los compromisos del Estatuto de Gernika es crucial para mantener la estabilidad parlamentaria en el Congreso, donde el PNV resulta imprescindible para sostener la mayoría. En los últimos meses, la tensión con los nacionalistas vascos ha crecido, no solo por el ritmo de los traspasos, sino por la erosión política derivada de los casos de corrupción que han afectado al PSOE y por las crecientes críticas del PNV hacia el trato fiscal singular ofrecido a Cataluña.

Mientras, sindicatos y expertos siguen con atención las negociaciones. CC.OO. y UGT han advertido de que cualquier fragmentación de la gestión de la Seguridad Social podría generar desigualdades en la atención y duplicidades administrativas, aunque reconocen el derecho de Euskadi a gestionar determinadas prestaciones, siempre que se garantice la solidaridad interterritorial.

El traspaso de la Seguridad Social vasca se ha convertido, así, en un asunto clave que trasciende el mero reparto competencial y se sitúa en el centro del debate sobre el modelo territorial de España. Lo que ocurra en la reunión de este martes podría marcar un antes y un después en la arquitectura autonómica del país.