Inmigración

El Instituto de Política Social exige al Gobierno un balance auditado tras las 72.000 entradas irregulares en Ceuta

migrantes entrando en Ceuta
El Instituto de Política Social reclama al Gobierno un balance auditado sobre las entradas irregulares en Ceuta y pide responsabilidades políticas a Sánchez, Marlaska y Torres.

El Instituto de Política Social (IPSE) ha reclamado al Gobierno un balance único y auditado sobre las entradas irregulares registradas en Ceuta y ha pedido responsabilidades políticas por la gestión de la crisis. La organización exige conocer la metodología utilizada para contabilizar las 72.000 entradas comunicadas por Interior, así como el número de personas que regresaron a Marruecos, las que permanecen en Ceuta y las que fueron trasladadas a la Península.

El IPSE pide aclarar cómo se contabilizaron las 72.000 entradas

El Instituto de Política Social sostiene que la reciente aclaración del Gobierno sobre la referencia a unas 80.000 personas realizada por el ministro Ángel Víctor Torres no modifica el dato comunicado anteriormente por el Ministerio del Interior.

Según el IPSE, Interior mantiene la cifra de 72.000 entradas irregulares y sostiene que más de 70.000 personas regresaron posteriormente a Marruecos. La organización considera, sin embargo, que estas cifras necesitan un desglose que permita conocer exactamente qué se está contabilizando.

En concreto, reclama que el Ejecutivo explique si las 72.000 entradas corresponden a personas individualizadas, estimaciones operativas o cruces detectados y que facilite información homogénea sobre entradas, retornos y personas que permanecen en territorio español.

La organización reclama conocer cuántas personas permanecen en Ceuta

El IPSE considera especialmente relevante conciliar el dato de Interior sobre los retornos con las estimaciones realizadas posteriormente desde la propia Ciudad Autónoma.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, situó entre 8.000 y 11.000 las personas que podrían permanecer en la ciudad tras la llegada masiva, según la información recogida por distintos medios.

La organización sostiene que las diferencias pueden responder a que las administraciones estén utilizando fechas, criterios o categorías distintas, pero reclama que el Gobierno publique un balance consolidado que permita conocer la situación real.

El objetivo, según el IPSE, sería determinar cuántas personas entraron, cuántas fueron retornadas, cuántas continúan en Ceuta, cuántas fueron trasladadas a la Península y qué número corresponde a cada procedimiento administrativo.

El IPSE reclama seis bloques de información

El Instituto de Política Social plantea que el Gobierno publique, de forma agregada y sin comprometer datos personales, seis bloques de información sobre la crisis migratoria.

Entre ellos figura la metodología empleada para calcular las 72.000 entradas, el número de llegadas registradas durante los días 30 y 31 de julio, el balance de retornos y readmisiones, la cifra de personas que continúan en Ceuta y las que fueron trasladadas a la Península.

También reclama información diferenciada sobre adultos, menores y solicitudes de protección internacional, además de conocer la cadena de avisos, órdenes y refuerzos adoptados antes y durante la situación de emergencia.

Los menores, otro de los puntos reclamados

El IPSE también cuestiona las diferencias existentes entre las cifras difundidas sobre los menores llegados a Ceuta.

Según el texto difundido por la organización, el Gobierno comunicó el 7 de agosto que había registrado 1.342 menores, mientras que posteriormente se habló de una cifra aproximada de 1.400.

La entidad considera que las diferencias pueden responder a actualizaciones del recuento, pero reclama que cada dato incluya su fecha, procedencia y criterio de contabilización para evitar confusiones.

El Instituto también reclama información sobre la capacidad de acogida y sobre las medidas adoptadas para atender a los menores durante la emergencia.

El Gobierno anuncia refuerzos para afrontar la situación

El Ejecutivo ha anunciado refuerzos de medios humanos para responder a las necesidades derivadas de la situación migratoria en Ceuta.

Según el IPSE, se prevé incrementar hasta un 50 % el personal administrativo y hasta un 40 % los efectivos de la Guardia Civil destinados a estas tareas.

La organización considera necesarios estos refuerzos, aunque sostiene que su puesta en marcha no debe sustituir la explicación sobre cómo se produjo la llegada masiva y sobre la respuesta adoptada durante los primeros momentos de la crisis.

El IPSE pide responsabilidades políticas

Junto al balance de datos, el Instituto de Política Social reclama la comparecencia extraordinaria en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La organización reclama además una comisión independiente que analice la gestión de la crisis y determine las responsabilidades que pudieran corresponder.

Se trata de una petición formulada por el propio IPSE, que considera que Sánchez debe responder por la responsabilidad política del Ejecutivo, Marlaska por la gestión de la seguridad fronteriza y Torres por sus competencias en materia migratoria y por sus declaraciones posteriores sobre el número de personas llegadas.

El IPSE cuestiona que los retornos se presenten como un éxito

La organización también rechaza interpretar el elevado número de retornos comunicados por Interior como una prueba suficiente de eficacia en la gestión de la crisis.

En su opinión, el hecho de que una parte importante de las personas que entraron irregularmente regresara posteriormente a Marruecos no resuelve las cuestiones relacionadas con el control fronterizo y la respuesta inicial.

El IPSE reclama, además, un mando operativo único mientras continúe la emergencia, refuerzos permanentes para Policía Nacional y Guardia Civil y una cooperación con Marruecos basada en resultados verificables.

La organización también defiende que las personas que no tengan título para permanecer en España sean objeto de devolución o expulsión conforme a la legislación vigente y reclama una protección específica para los menores, incluida la reagrupación familiar cuando resulte legal, segura y compatible con su interés superior.