La mitad del gasto farmacéutico que desapareció
Existe una vieja regla no escrita que sostiene cualquier democracia razonablemente sana: los organismos encargados de medir la realidad no deben intentar interpretarla políticamente. Su función es mucho más modesta y, precisamente por ello, más importante. Deben contar. Medir. Describir. Nada más.
Por eso resulta inquietante leer algunos documentos recientes de organismos públicos que tradicionalmente gozaban de prestigio técnico. El último ejemplo lo encontramos en la Memoria 2025 del Consejo Económico y Social (CES), donde el tratamiento dedicado al consumo de medicamentos resulta tan incompleto que obliga a preguntarse si estamos ante una simple omisión o ante una forma peculiar de construir el relato.
El documento reconoce el incremento del gasto farmacéutico y atribuye su crecimiento al envejecimiento de la población. Hasta ahí, nada que objetar. El problema surge cuando el análisis se limita prácticamente a la farmacia con receta y a la factura farmacéutica pública tradicional, ignorando la transformación más importante que ha experimentado el medicamento en los últimos veinte años: el desplazamiento progresivo del gasto hacia el ámbito hospitalario.
Hoy una parte creciente del gasto farmacéutico español no se produce en las oficinas de farmacia. Se encuentra en hospitales, en medicamentos biológicos, terapias avanzadas, tratamientos oncológicos, inmunológicos y medicamentos huérfanos. Son precisamente estos productos los que están modificando la estructura del gasto sanitario y los que explican buena parte de su crecimiento. Hablar del consumo de medicamentos sin analizar esta realidad equivale a estudiar el tráfico aéreo contando únicamente los vuelos domésticos.
Lo sorprendente no es tanto el error como la dirección del error. Porque siempre parece faltar aquello que podría complicar el mensaje principal. Y esta circunstancia empieza a repetirse con excesiva frecuencia en distintos organismos públicos.
Lo peor de la memoria del CES es que se supone que han participado en ella las organizaciones empresariales junto a los sindicatos y todos ellos parecen haberse puesto de acuerdo en construir una realidad incompleta, cuando existen magníficos informes mensuales de seguimiento del gasto farmacéutico, realizado precisamente por las patronales y consultoras del sector, que recogen la totalidad de la inversión en medicamentos, publica, privada y hospitalaria.
Ante esta anomalía surge una comparación inevitable: el CIS de José Félix Tezanos ha conseguido algo que parecía imposible: que una parte significativa de la población dude de las encuestas oficiales. Lo grave no es que sus previsiones acierten o fallen. Lo grave es que muchos ciudadanos ya no creen que se elaboren con neutralidad.
La pregunta es, si esta desconfianza está empezando a extenderse a otras instituciones. Cuando la AIReF presenta determinadas previsiones, cuando el Banco de España elabora algunos informes o cuando determinados indicadores económicos —como el IPC— son recibidos con creciente escepticismo por cualquier consumidor al pagar la factura de la compra de alimentos, el problema deja de ser estadístico y pasa a ser institucional.
Nadie discute que España dispone de excelentes profesionales en todos estos organismos. Precisamente por eso resulta aún más preocupante que se instale la sospecha. Porque la confianza tarda décadas en construirse y apenas unos años en deteriorarse.