El ministerio radiactivo
En el análisis político existe la tendencia a explicar las crisis gubernamentales bajo la lente del cálculo electoral o la lealtad personal. Se asume que si una presidencia mantiene a un ministro abrasado por la polémica es por una suerte de empecinamiento numantino. Sin embargo, la persistencia en la dirección del Ministerio del Interior y el enrocamiento en la cúpula de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado responden a una realidad mucho más pragmática: el fenómeno del ministerio radiactivo.
Una cartera se vuelve radiactiva cuando el nivel de toxicidad política, operativa y judicial que emana de sus despachos anula cualquier incentivo para el relevo. El problema actual del Ejecutivo no es decidir si el coste político de mantener la actual dirección es asumible —que dejó de serlo hace tiempo—, sino encontrar a alguien con solvencia técnica dispuesto a recoger el testigo y contaminar su carrera en el intento. La falta de banquillo es el verdadero freno de cualquier remodelación.
La primera capa de esta radiación es la judicial. El departamento opera hoy bajo el constante destello de sumarios en la Audiencia Nacional y complejas causas que investigan presuntas coacciones y filtraciones en el entorno de la seguridad del Estado. Gestionar el orden público en estas condiciones significa sentarse en un despacho donde el nuevo inquilino corre el riesgo de heredar de inmediato las responsabilidades penales o las imputaciones de sus antecesores y subordinados. Ningún profesional solvente acepta un cargo si este incluye, de manera latente, el peaje de la fiscalización de los tribunales.
A esta contaminación jurídica se suma una quiebra operativa inédita en la escala profesional. El verdadero termómetro de la crisis no se mide en el Congreso, sino en la sutil y demoledora resistencia pasiva de los mandos intermedios. Las escalas que dirigen unidades de investigación clave se blindan frente a las injerencias políticas mediante el estricto celo profesional: exigir órdenes motivadas y firmadas por escrito. Esta burocratización de la obediencia, unida al amparo legal de los jueces instructores, ha generado un cortafuegos técnico que paraliza al ministerio. Revertir esa inoperancia estructural requiere un tiempo del que el Gobierno no dispone.
Por último, emerge la radiación del calendario. En el tramo final de una legislatura, esta cartera solo ofrece desgaste. Quien asuma el cargo se convertirá en el pararrayos del Gobierno, triturado parlamentariamente por una oposición hiperactiva en el ruido pero estéril en la fiscalización de la gestión técnica. Todo ello sin margen presupuestario para pacificar el conflicto salarial y con las manos atadas por las exigencias de los socios de investidura.
A este complejo escenario interno se suma la ineficacia de la presión exterior. Fernando Grande-Marlaska se mantiene en el cargo no solo por el blindaje de Pedro Sánchez, sino porque la oposición se muestra incapaz de traducir sus evidentes fallos de gestión en un problema político insostenible para la Moncloa. Al final, el ministro sobrevive porque el rival que tiene enfrente carece de la contundencia estratégica necesaria para empujarlo definitivamente fuera del tablero.
La paradoja del ministerio radiactivo explica por qué se prefiere mantener un perfil amortizado. La actual dirección ya está inmunizada a la toxicidad del cargo; ha desarrollado una tolerancia al desgaste que le permite seguir flotando. Introducir a un candidato nuevo no limpiaría la instalación; solo serviría para contaminar e inutilizar a otro activo institucional en cuestión de meses.
Sin embargo, en el ajedrez político el enrocamiento absoluto no existe. Pedro Sánchez siempre se guarda un as bajo la manga; un movimiento táctico latente que cualquier estratega en su pellejo activaría para romper el bloqueo de Interior sin quemar el banquillo. Una vía de escape que conecta directamente con el búnker de resistencia institucional situado al otro lado del espejo de la seguridad nacional. Pero esa carta la jugaremos en la próxima columna.