El manual de resistencia ante el abismo
Quienes busquen en los pasillos de la Moncloa un ambiente de funeral tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, es que todavía no han aprendido a leer a Pedro Sánchez. La decisión del juez Calama de investigar al exmandatario por tráfico de influencias y blanqueo en el caso Plus Ultra es, objetivamente, el mayor torpedo flotante a la línea de flotación ética del PSOE en décadas. Sin embargo, bajo la lógica sanchista, el abismo no es un lugar donde caer, sino el terreno idóneo para contraatacar.
La hipótesis que explica los movimientos de las próximas semanas no contempla la parálisis ni el repliegue. Al contrario: Sánchez se dispone a activar la fase más agresiva de su manual de supervivencia, convirtiendo la tramitación exprés de los Presupuestos Generales en el blindaje definitivo del bloque de investidura frente a lo que el Gobierno catalogará de forma unánime como el asalto final del "lawfare".
Para entender la jugada de Sánchez hay que asumir que, para él, la imputación de Zapatero no es un problema de corrupción interna, sino el enésimo capítulo de una guerra total entre bloques. Lejos de marcar distancias con el expresidente —que ha sido su principal valedor y puente con el ala plurinacional—, el sanchismo interpretará el golpe judicial como una agresión externa dirigida, en última instancia, contra el propio habitante de la Moncloa. Es el relato de la fortaleza sitiada: si cae Zapatero, cae el Gobierno; si cae el Gobierno, llega la derecha con Vox. Y esa es una narrativa que disciplina de inmediato a sus socios de investidura.
En este tablero de ajedrez, los presupuestos dejan de ser una herramienta de política económica para convertirse en un salvoconducto político. Sánchez sabe que la mejor respuesta al ruido de los tribunales es el BOE. Aprobar las cuentas públicas con Junts, ERC, PNV y Bildu en mitad de esta tormenta judicial cumple una triple función psicológica: demuestra que el Ejecutivo mantiene intacta la mayoría legislativa, desactiva el fantasma del adelanto electoral y desborda la agenda mediática con debates sobre inversiones, alejándola del juzgado del 2 de junio.
La oposición, liderada por un Alberto Núñez Feijóo que ya ejerce la acusación popular, cometería un error si piensa que la Moncloa va a capitular por el desgaste ético. Sánchez ha demostrado una capacidad inédita para normalizar situaciones políticas que habrían hundido a cualquier otro líder. Su lectura del momento actual es clara: la polarización ya es absoluta y los electorados están hipermovilizados. En ese escenario de trincheras, las cuentas públicas son el cemento que unirá a sus socios por pura necesidad de supervivencia mutua.
La hipótesis, por tanto, no es la de un Gobierno agónico que busca una salida digna, sino la de un estratega que acelera la marcha hacia el choque de trenes. Al pasar al ataque con los presupuestos generales, Sánchez pretende lanzar un mensaje nítido a la Judicatura y a la oposición: la legitimidad de las urnas y de la mayoría parlamentaria se mantendrá firme frente a cualquier sumario judicial. Comienza la batalla del relato más cruda de la legislatura, y el escudo de Sánchez ya está presupuestado.