Educar también es poner límites
Durante años aceptamos la idea de que entre más temprano un niño tuviera un celular o una tableta, mejor preparado estaría para el futuro. Confundimos acceso con educación y tecnología con aprendizaje. Hoy la realidad nos obliga a revisar esa premisa. Nunca antes una generación había estado tan conectada y, al mismo tiempo, tan expuesta al ciberacoso, a la manipulación de algoritmos, a contenidos nocivos y a una creciente dificultad para concentrarse y relacionarse fuera de una pantalla.
En ese contexto, Colombia acaba de expedir el Decreto 0769 de 2026, que reglamenta la Ley 2489 de 2025. La norma no prohíbe los celulares ni restringe el acceso de los menores a internet. Su propósito es diferente, establecer responsabilidades para las plataformas digitales, las instituciones educativas, las familias y el Estado en la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital. Ese cambio merece destacarse porque rompe con una idea que durante años resultó cómoda, creer que toda la responsabilidad recaía exclusivamente sobre los padres. La realidad demuestra que ninguna familia puede enfrentar sola un ecosistema digital diseñado para captar la atención de los menores, recopilar sus datos y condicionar sus comportamientos.
Colombia no está sola en este debate. La Unión Europea ha fortalecido la protección de los menores mediante el Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act), que impone mayores obligaciones a las grandes plataformas para reducir los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en internet. Paralelamente, varios países han decidido intervenir desde el ámbito educativo. Francia prohibió el uso de teléfonos móviles en las escuelas desde 2018; los Países Bajos restringieron el uso de celulares, tabletas y relojes inteligentes en las aulas desde 2024; y la Comunidad de Madrid aprobó el Decreto 64 de 2025, eliminando el uso individual de dispositivos digitales en Educación Infantil y Primaria. No se trata de una cruzada contra la tecnología, sino del reconocimiento de que el desarrollo de los menores exige límites razonables en una etapa decisiva para su formación.
Siempre he defendido las libertades individuales. Pero también sé que el derecho reconoce una protección reforzada cuando se trata de la infancia. Esa es la razón por la que existen edades mínimas para conducir, consumir alcohol o ejercer determinados derechos. No porque el Estado desconfíe de los ciudadanos, sino porque entiende que la libertad también exige condiciones para ejercerse responsablemente. Ese mismo principio debe aplicarse al entorno digital.
La protección de la infancia en internet no puede ser una carga exclusiva de los padres cuando los riesgos son creados, amplificados y monetizados por actores mucho más poderosos.
La tecnología seguirá transformando nuestras vidas y sería absurdo pretender lo contrario. Pero una sociedad que protege a sus niños entiende que innovar no significa renunciar a los límites. La verdadera discusión ya no es si los menores deben usar internet, sino cómo garantizar que puedan hacerlo en un entorno más seguro. Educar también es poner límites, y proteger a la infancia nunca será un obstáculo para la libertad, sino la mejor manera de preservarla.