El cartero que nunca llamó
La mañana del 22 de julio ocurrió en mi portal un pequeño prodigio administrativo. Varios vecinos recibimos casi al mismo tiempo un mensaje de Correos informándonos de que no había sido posible entregar los paquetes que esperábamos después de haberlo intentado en dos ocasiones.
La noticia tenía un pequeño inconveniente: todos habíamos pasado la mañana en casa. Y otro aún mayor. Nuestro portero, que conoce el horario del reparto mejor que un reloj suizo, aseguró que aquel día no apareció ningún cartero por la finca. Es decir, habíamos asistido al milagro del reparto metafísico: el paquete no llegó, el repartidor tampoco, pero los intentos sí. Dos, nada menos.
Algunos vecinos decidieron presentar una reclamación. No tanto por el retraso del envío, como por esa incómoda sensación de que una entidad vinculada al Estado les estaba comunicando un hecho que no podía haber ocurrido.
Llegados a este punto, conviene hacer una precisión jurídica. Correos ya no es una administración pública. Es una sociedad mercantil estatal que compite en el mercado con otras empresas de mensajería. Sin embargo, el Estado le ha encomendado el Servicio Postal Universal y, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, sigue siendo "el correo de toda la vida". Si falla Correos, nadie piensa en el derecho mercantil ni en la SEPI. La conclusión inmediata es mucho más sencilla: "El Estado funciona mal".
Y aquí aparece una paradoja política digna de reflexión.
La izquierda ha defendido tradicionalmente que unos buenos servicios públicos son el mejor instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades.
Si el paquete llega antes por otra empresa, si el seguro privado resuelve antes un problema de salud o si cualquier servicio privado ofrece mayor confianza, el ciudadano cambia de proveedor sin demasiados remordimientos.
En ese preciso instante acaba de producirse una pequeña victoria cultural de la derecha. No porque alguien haya pronunciado un brillante discurso liberal, sino porque se gestionó mal un servicio que los ciudadanos identifican con el Estado.
Esa es la ironía. El sector privado no crece necesariamente porque sea mejor. Muchas veces crece porque el sector público, o aquello que los ciudadanos perciben como público, deja de inspirar confianza.
James Carville resumió la campaña de Bill Clinton con una frase que pasó a la historia: «¡Es la economía, estúpido!». Quizá haya llegado el momento de actualizarla para quienes gobiernan los servicios que los ciudadanos identifican con el Estado: «¡Es la gestión, estúpidos!».
La mejor propaganda del sector privado no son sus campañas publicitarias. Es la ineficacia de los servicios que los ciudadanos consideran públicos. Cada notificación increíble, cada trámite absurdo y cada timbre que nunca sonó empujan a alguien a buscar una alternativa privada. Y, poco después, a preguntarse por qué paga tantos impuestos.