Varapalo judicial al Ayuntamiento de Madrid: el Supremo confirma la nulidad de las Zonas de Bajas Emisiones
El Tribunal Supremo de Madrid ha inadmitido el recurso del Ayuntamiento de Madrid, haciendo firme la nulidad de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Tras esta decisión, la organización AEA ha solicitado la anulación de más de 3,3 millones de multas impuestas desde 2021, cuyo valor total supera los 650 millones de euros, y exige su devolución inmediata.
El Tribunal Supremo ha dictado el final del trayecto jurídico para las actuales Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital. Mediante un auto con fecha de 15 de abril, el alto tribunal ha inadmitido el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Madrid, declarando la firmeza de la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba estas áreas por defectos en su tramitación.
Cifras récord: más de 650 millones de euros en juego
La decisión judicial coloca al consistorio madrileño en una situación crítica. Según los datos facilitados por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), desde septiembre de 2021 hasta noviembre de 2025 el ayuntamiento impuso un total de 3.361.751 multas. El valor económico de estas sanciones supera los 650 millones de euros, una cuantía que ahora la AEA exige que sea devuelta de oficio a los ciudadanos afectados.
La nulidad afecta a todas las modalidades de restricción vigentes hasta la fecha: desde la ZBE que abarca todo el término municipal hasta las Zonas de Especial Protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica. El Supremo no solo ha rechazado el recurso municipal por falta de interés casacional, sino que ha condenado al ayuntamiento al pago de 2.000 euros en costas.
AEA exige la devolución inmediata de los importes
Mario Arnaldo, presidente de AEA, ha calificado la noticia como "buenísima para cientos de miles de automovilistas" y ha acusado al equipo de gobierno de seguir una "estrategia dilatoria" para continuar recaudando sanciones de dudosa legalidad durante el último año.
Desde la asociación de defensa del conductor advierten que el Ayuntamiento de Madrid no puede convertirse en una "administración tramposa" y que debe indemnizar a los conductores que ya abonaron sus multas. Según Arnaldo, no cabe el argumento de que la nulidad solo afecta a los expedientes abiertos; al ser firme la sentencia por falta de base legal en la Ordenanza de Movilidad, la administración tiene la responsabilidad de restituir el daño patrimonial causado a los madrileños.
Incertidumbre sobre el nuevo modelo de movilidad
Este fallo judicial obliga al gobierno municipal a redefinir de manera urgente su política de movilidad y medio ambiente. Mientras los servicios jurídicos municipales analizan el alcance del coche, los conductores que tengan multas pendientes de pago o en proceso de recurso ven ahora cómo la justicia les da la razón de forma definitiva, abriendo un escenario de reclamaciones masivas que podría tensionar las arcas municipales en los próximos meses.