El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática suma ya a más de 250 entidades
Más de 250 organizaciones se han adherido ya al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática impulsado por el Gobierno, en un proceso que permanece abierto a nuevas incorporaciones. Empresas, sindicatos, organizaciones agrarias y ecologistas, colegios profesionales, universidades y centros de investigación, administraciones y colectivos sociales forman parte de las entidades que respaldan la iniciativa.
El pacto busca una respuesta común ante la emergencia climática
El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática pretende articular una respuesta coordinada ante fenómenos como las sequías, los incendios forestales y las inundaciones, con el objetivo de reforzar la capacidad de adaptación y protección de la población frente a los efectos del cambio climático.
La propuesta parte de la necesidad de combinar el conocimiento científico, la anticipación, la cooperación entre administraciones y la participación de diferentes sectores de la sociedad para afrontar episodios meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos.
Empresas, sindicatos, científicos y organizaciones sociales
Entre las entidades adheridas se encuentran representantes de ámbitos muy diversos. El proceso ha incorporado a empresas, organizaciones sindicales, agricultores y ganaderos, colectivos ecologistas, colegios profesionales, universidades y centros de investigación.
También participan administraciones locales y autonómicas, organizaciones de la sociedad civil, jóvenes y mujeres vinculadas al medio rural. Esta diversidad busca ampliar el respaldo social e institucional de una iniciativa que pretende superar el ámbito estrictamente gubernamental.
El proceso de adhesiones continúa abierto a través de la página habilitada para el Pacto de Estado, de manera que nuevas organizaciones puedan incorporar su respaldo a la propuesta.
Una iniciativa que comenzó en 2025
El Gobierno presentó la propuesta inicial del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática en septiembre de 2025. El planteamiento partía de diez compromisos prioritarios destinados a reforzar los mecanismos de adaptación, mitigación, respuesta y recuperación de las administraciones públicas ante fenómenos climáticos extremos.
Posteriormente se desarrolló un proceso de participación en el que intervinieron más de 1.300 actores y se recibieron cerca de 4.000 aportaciones. El resultado fue una propuesta ampliada presentada en diciembre de 2025, con 15 ejes de actuación.
Entre las áreas incorporadas figuran la aplicación del conocimiento científico a las políticas públicas, la adaptación al cambio climático, la protección de la salud, los sistemas costeros y marinos, la biodiversidad, la prevención y respuesta ante emergencias, la lucha contra la desinformación climática y la gobernanza del propio pacto.
La protección frente a los fenómenos extremos gana peso
Una de las líneas de actuación ya desarrolladas en el marco del pacto es la protección de la población frente a los efectos del clima.
En julio, el Gobierno presentó la Red de Refugios Climáticos, integrada inicialmente por más de 180 espacios públicos y accesibles de la Administración General del Estado. Además, el mapa nacional desarrollado por el MITECO ya identifica alrededor de 1.100 refugios climáticos en España.
La iniciativa contempla que estos espacios permanezcan operativos durante el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre de cada año y pretende facilitar a la ciudadanía lugares seguros frente a episodios de calor y otros impactos climáticos.
El Gobierno busca ampliar el respaldo social e institucional
La incorporación de más de 250 organizaciones supone un nuevo paso en el proceso de construcción del pacto, aunque la iniciativa todavía requiere avanzar hacia un acuerdo de mayor alcance.
El Ejecutivo plantea que el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática sirva para reforzar la coordinación entre administraciones y sectores sociales y económicos, además de favorecer políticas de largo plazo frente a los riesgos derivados del cambio climático.
La adhesión continúa abierta mientras el Gobierno busca ampliar el respaldo de organizaciones y administraciones y convertir la propuesta en un acuerdo de país con vocación de permanencia.