La posición financiera de las Administraciones Públicas empeora en casi 300.000 millones desde 2018
Las cuentas públicas españolas presentan una aparente paradoja. España crece, el producto interior bruto avanza y la ratio de deuda sobre PIB se ha reducido durante los últimos años, pero el volumen nominal de obligaciones acumuladas por las Administraciones Públicas continúa aumentando y su posición financiera neta es considerablemente más negativa que en 2018.
Los datos permiten dimensionar esa evolución. Tomando como referencia las cifras de balance financiero difundidas para el conjunto de las Administraciones Públicas, los activos financieros pasaron de 457.677 millones de euros en 2018 a alrededor de 541.619 millones al cierre de 2025. El incremento ronda, por tanto, los 83.942 millones, un 18,3%.
Los pasivos siguieron una trayectoria considerablemente más intensa. De aproximadamente 1,416 billones de euros en 2018 pasaron a unos 1,799 billones en 2025, cerca de 383.000 millones más.
El resultado de restar los activos financieros a los pasivos permite obtener una segunda fotografía: los pasivos financieros netos se situaron en aproximadamente 1,258 billones de euros en 2025, frente a unos 958.000 millones en 2018.
La diferencia se aproxima a 299.320 millones de euros.
Es el dato sobre el que el economista José Ramón Riera ha llamado la atención en un reciente análisis en vídeo, en el que sostiene que España acumula alrededor de 300.000 millones adicionales de lo que denomina "pobreza financiera".
La magnitud merece atención. Pero también exige una precisión fundamental: técnicamente, esos datos se refieren al balance financiero de las Administraciones Públicas, no a la riqueza total de España ni al patrimonio de los españoles.
Casi 300.000 millones más de pasivos financieros netos
La evolución puede resumirse en cuatro grandes cifras.
En 2018, los activos financieros públicos ascendían aproximadamente a 457.677 millones de euros, frente a unos pasivos cercanos a 1,416 billones. La diferencia dejaba unos pasivos financieros netos próximos a 958.316 millones.
En 2025, los activos alcanzaron alrededor de 541.619 millones mientras los pasivos financieros llegaron a aproximadamente 1,799 billones. El saldo resultante se situó en 1,2576 billones.
Los datos más recientes de la OCDE sitúan, en efecto, los pasivos financieros brutos de las Administraciones Públicas españolas en 1,799255 billones de euros en 2025 y los pasivos financieros netos en 1,257636 billones.
El incremento nominal del desequilibrio desde 2018 ronda así los 300.000 millones.
La conclusión fundamental es que, durante ese periodo, los activos financieros aumentaron, pero las obligaciones financieras lo hicieron en una cuantía mucho mayor.
¿Significa esto que España es 300.000 millones "más pobre"?
No exactamente. La expresión resulta eficaz para describir gráficamente el deterioro nominal del balance financiero público, pero puede inducir a una interpretación económica incorrecta si se toma literalmente.
Los activos financieros de las Administraciones Públicas no representan todo lo que "España posee". Tampoco incluyen el conjunto del patrimonio privado de familias y empresas ni equivalen al valor íntegro de los activos públicos no financieros.
Carreteras, edificios, infraestructuras y otros activos físicos no pueden interpretarse simplemente a partir de esta estadística como si todo el patrimonio del país se recogiera en una única cuenta susceptible de liquidación.
La propia metodología de las estadísticas financieras distingue entre diferentes conceptos de endeudamiento y balance. La OCDE explica, además, que los balances financieros de las Administraciones Públicas utilizan valoraciones de mercado y comprenden distintas categorías de activos y pasivos financieros.
Por eso, afirmar que España podría "venderlo todo" y todavía debería 1,25 billones constituye una simplificación de una realidad contable bastante más compleja.
Lo que sí puede afirmarse es que la posición financiera neta nominal de las Administraciones Públicas es casi 300.000 millones de euros más negativa que en 2018.
Y esa diferencia no es menor.
El matiz decisivo: frente al PIB, la situación no ha empeorado en la misma dirección
Existe, además, otro elemento imprescindible para interpretar correctamente estas cifras.
Los 300.000 millones comparan cantidades nominales correspondientes a dos economías de distinto tamaño. Entre 2018 y 2025 crecieron los precios, la población y, especialmente, el PIB nominal español.
Cuando los pasivos financieros netos se relacionan con el tamaño de la economía, la conclusión cambia sustancialmente.
La OCDE sitúa los pasivos financieros netos de las Administraciones Públicas españolas en el 74,54% del PIB en 2025.
Esto significa que pueden ser ciertas simultáneamente dos afirmaciones que parecen contradictorias: España tiene hoy muchos más pasivos financieros netos en euros que hace siete años, pero el crecimiento de la economía nominal permite que su peso relativo sea inferior.
Es precisamente esta diferencia entre valores absolutos y ratios sobre PIB la que resulta esencial para evaluar las finanzas públicas.
La deuda pública cerró 2025 en el 100,7% del PIB
La estadística más utilizada para evaluar el endeudamiento público europeo es, además, otra: la deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE).
El Banco de España confirmó el pasado 31 de marzo que esta deuda terminó 2025 en el 100,7% del PIB, un punto porcentual menos que un año antes y su nivel más bajo desde 2020. En términos absolutos, sin embargo, la deuda aumentó un 4,8% interanual.
La aparente contradicción vuelve a ser la misma: la deuda aumenta en euros mientras disminuye respecto al PIB.
El Banco de España ha profundizado recientemente en esta evolución. En su análisis publicado el 22 de julio, constata que la ratio terminó 2025 en el 100,7%, todavía por encima del 87,4% registrado por el conjunto de la zona euro.
España continúa, por tanto, soportando un nivel elevado de endeudamiento público pese a la reducción registrada en términos relativos durante los últimos ejercicios.
Del máximo de la pandemia al 100,7%
La perspectiva histórica introduce otra variable fundamental.
La deuda pública española alcanzó el 124,2% del PIB en el primer trimestre de 2021, después del extraordinario incremento del gasto y de la caída de la actividad provocados por la pandemia.
Desde entonces, la ratio ha descendido más de 23 puntos.
AIReF calculaba en mayo que la reducción acumulada desde aquel máximo alcanzaba 23,4 puntos porcentuales, y señalaba al crecimiento económico como el principal responsable del descenso de la ratio.
Esto no significa que España haya amortizado una cantidad equivalente de deuda. El stock nominal ha seguido creciendo.
Lo que ocurre es que el denominador —el PIB nominal— ha aumentado con suficiente intensidad como para reducir la relación entre deuda y producción nacional.
Una economía que crece mientras continúa acumulando deuda
La economía española cerró 2025 con un crecimiento real del PIB del 2,8%, según las cifras utilizadas por la Comisión Europea, que mantiene además una previsión de expansión del 2,4% para 2026.
Ese crecimiento permite explicar parte de la mejora de los indicadores relativos.
Pero no elimina el problema de fondo que plantea el incremento de las obligaciones en términos absolutos.
AIReF continúa considerando la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas uno de los principales desafíos económicos del país. Su diagnóstico combina dos realidades: una reducción significativa de la deuda respecto al PIB desde la pandemia y riesgos relevantes a medio y largo plazo derivados, entre otros factores, del envejecimiento, el coste de los intereses y la evolución del gasto público.
La institución prevé que la ratio siga descendiendo a corto plazo, aunque advierte de que podría volver a crecer posteriormente sin medidas adicionales.
AIReF advierte sobre el crecimiento del gasto
Las últimas previsiones añaden otro elemento al debate.
En julio, AIReF elevó su estimación de crecimiento del gasto neto de medidas de ingresos para 2026 desde el 5,8% previsto anteriormente hasta el 6,4%, muy por encima del 3,5% comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo.
La institución considera que esta evolución dificulta el cumplimiento de los compromisos fiscales durante los próximos ejercicios.
Su escenario actualizado prevé un crecimiento del PIB del 2,5% para 2026, un déficit público del 2,6% y una deuda en torno al 99,3% del PIB.
Por primera vez desde 2020, por tanto, España podría terminar un ejercicio por debajo del umbral psicológico del 100% del PIB.
Pero eso no significa que el problema de la deuda haya desaparecido.
¿Debe realmente cada español 25.000 euros?
Riera traslada los aproximadamente 1,258 billones de pasivos financieros netos a cada ciudadano y concluye que corresponderían alrededor de 25.000 euros por español.
La operación aritmética es aproximadamente correcta.
España tenía 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística.
Dividir 1,2576 billones entre esa población arroja algo más de 25.000 euros por habitante.
Pero la interpretación necesita nuevamente una cautela esencial. No existe una deuda individual de 25.000 euros que pueda reclamarse a cada ciudadano. Es una división estadística utilizada para expresar la magnitud del pasivo público neto.
Los Estados no funcionan como una economía doméstica que deba liquidar simultáneamente todos sus activos para pagar inmediatamente todos sus pasivos. Refinancian vencimientos, recaudan impuestos, emiten deuda, reciben ingresos y gestionan obligaciones distribuidas en el tiempo.
El indicador por habitante resulta útil para visualizar una cifra de más de un billón de euros, pero no constituye una obligación jurídica ni financiera personal de cada español.
Tampoco todo el deterioro puede atribuirse a una única decisión política
El periodo analizado coincide en gran medida con los gobiernos presididos por Pedro Sánchez, que accedió a la Presidencia en junio de 2018. Pero atribuir mecánicamente la totalidad de los aproximadamente 300.000 millones de deterioro nominal a una única persona tampoco responde al funcionamiento de las cuentas públicas.
Entre 2018 y 2025 España atravesó acontecimientos extraordinarios.
La pandemia obligó a desplegar ERTE, prestaciones, avales y numerosas medidas de apoyo mientras los ingresos públicos sufrían el impacto del desplome económico. Posteriormente llegaron la crisis energética, la inflación, las medidas destinadas a amortiguar sus consecuencias y un cambio radical en los tipos de interés.
Eso no elimina la responsabilidad de los sucesivos gobiernos sobre la política presupuestaria.
Sí obliga a distinguir entre el dato —el incremento de los pasivos— y la atribución política de todas sus causas.
España mantiene una deuda superior a la media de la eurozona
La comparación europea sigue siendo uno de los puntos débiles de las cuentas españolas.
Aunque la ratio de deuda ha descendido considerablemente desde la pandemia, el 100,7% registrado al finalizar 2025 permanecía claramente por encima del 87,4% de la zona euro, según el análisis del Banco de España.
La Comisión Europea prevé que continúe disminuyendo: estima una deuda del 99,6% del PIB en 2026 y del 98,9% en 2027, mientras el déficit bajaría desde el 2,4% de 2025 y 2026 hasta el 2% en 2027.
Son cifras que apuntan hacia una normalización progresiva, pero desde un nivel de endeudamiento todavía elevado.
El verdadero debate no está entre "España va bien" o "España es más pobre"
Los datos permiten escapar de una lectura binaria.
España no es literalmente 300.000 millones de euros "más pobre" porque haya aumentado en esa cantidad la posición financiera negativa de sus Administraciones Públicas. Esa estadística no mide la riqueza total del país ni el patrimonio de sus ciudadanos.
Pero tampoco puede ignorarse que los pasivos financieros públicos han crecido considerablemente más que los activos financieros desde 2018 y que España mantiene una deuda pública superior al 100% del PIB.
La economía ha crecido lo suficiente para mejorar varios de esos indicadores cuando se expresan como porcentaje del PIB. Esa mejora es real.
También lo es el crecimiento nominal del endeudamiento.
Ahí reside la fotografía completa de las finanzas públicas españolas: una economía mayor que soporta una cantidad considerablemente mayor de obligaciones, pero cuyo crecimiento nominal ha permitido reducir el peso relativo de la deuda acumulada.
El desafío no consiste únicamente en determinar cuánto debe España hoy, sino en comprobar si durante los próximos años la economía será capaz de crecer de manera suficiente, contener el déficit estructural y absorber el incremento del gasto asociado al envejecimiento y a los intereses sin volver a situar la deuda en una trayectoria ascendente.
Ese será el verdadero termómetro de la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas.