Inspectores de Hacienda advierten que la financiación singular para Cataluña pone en riesgo la estabilidad fiscal
Los inspectores alertan de un “régimen ilegal” y temen un efecto dominó en otras comunidades autónomas. El Gobierno insiste en la negociación dentro del marco constitucional.
La tensión política en torno al futuro modelo de financiación autonómica alcanza nuevos niveles tras la advertencia lanzada este lunes por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). En un comunicado contundente, el cuerpo de inspectores califica de “régimen ilegal” el acuerdo preliminar que negocian el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para otorgar a esta comunidad un modelo de financiación singular. A juicio de los inspectores, la iniciativa “vulnera los principios de igualdad y solidaridad consagrados en la Constitución” y amenaza con “dinamitar el sistema tributario español”.
El IHE alerta de “dos consecuencias muy graves” si Cataluña asume la recaudación total de sus impuestos: por un lado, se fracturaría la Agencia Tributaria estatal, generando un riesgo de “fraccionamiento administrativo” que complicaría la gestión y el control fiscal en todo el territorio. Por otro, el Estado podría quedarse sin los recursos suficientes para atender competencias esenciales, como el pago de pensiones, intereses de la deuda pública, el Ingreso Mínimo Vital o los expedientes temporales de empleo (ERTE), pilares fundamentales del gasto público.
“No hemos oído ni una sola opinión positiva o alguna ventaja del nuevo modelo por parte de los expertos, y solo obedece a un acuerdo político para el nombramiento del presidente de la Generalitat”, señala la asociación en el documento, en referencia al reciente pacto que facilitó la investidura de Pere Aragonès al frente del Govern tras las elecciones catalanas de mayo.
Un acuerdo con ecos del “cupo vasco”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado en las últimas semanas que cualquier reforma de la financiación autonómica se hará “dentro del marco constitucional y con plena seguridad jurídica”. Sin embargo, el debate sobre Cataluña se ha intensificado tras la propuesta del nuevo Govern, que reclama gestionar la totalidad de impuestos generados en la comunidad y pactar una aportación anual al Estado, en un esquema similar al Concierto Vasco o al Convenio navarro.
La Generalitat argumenta que el modelo actual penaliza a Cataluña, a la que considera infrafinanciada pese a su elevada aportación fiscal al conjunto del Estado. Desde 2018, varios informes del Institut d’Estudis Autonòmics y del Consell de Finances Públiques de Catalunya cifran el “déficit fiscal” catalán entre el 6 % y el 8 % del PIB regional, es decir, entre 16.000 y 20.000 millones de euros anuales. No obstante, la metodología de estos cálculos es cuestionada por diversos organismos independientes y por el Ministerio de Hacienda, que recuerda que el actual sistema de financiación, prorrogado desde 2014, busca compensar diferencias en renta y población.
Temor a un efecto dominó
Más allá de Cataluña, la IHE advierte de que un trato diferencial podría generar un “efecto dominó” en otras comunidades autónomas. Presidentes regionales como Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Murcia) o Isabel Díaz Ayuso (Madrid) ya han expresado públicamente que no aceptarían ser tratadas como “comunidades de segunda”, en caso de que se otorgue un sistema fiscal exclusivo para Cataluña sin un debate multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calificó ayer de “inaceptable” que el Gobierno contemple “privilegios fiscales para Cataluña a cambio de mantenerse en el poder”. En declaraciones a los medios, Ayuso aseguró que Madrid “llegará hasta el Tribunal Constitucional si es necesario para frenar cualquier vulneración de la igualdad de los españoles”.
Hacienda: la negociación sigue abierta
El Ministerio de Hacienda, por su parte, intenta rebajar la tensión e insisten en que no hay todavía un modelo cerrado y que la negociación sigue su curso con “todas las comunidades sobre la mesa”. No obstante, admiten la presión política derivada de los pactos de investidura y de la necesidad de dar respuesta a una reclamación histórica de Cataluña.
Un sistema bloqueado desde hace una década
El actual sistema de financiación autonómica lleva más de diez años sin reformarse, pese a que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) obliga a revisarlo cada cinco años. Las comunidades denuncian falta de fondos para atender sanidad, educación o dependencia, y cada región esgrime sus propias razones: infrafinanciación, dispersión geográfica, envejecimiento o presión migratoria.
En 2022, el Ministerio de Hacienda abrió un debate técnico para reformar el modelo, pero el proceso quedó encallado por las diferencias entre comunidades y por la sucesión de citas electorales. La ministra María Jesús Montero ha reiterado en varias ocasiones que su objetivo es lograr un sistema “más equitativo y transparente”, pero ha admitido que “es casi imposible lograr el consenso absoluto”.
El debate sobre Cataluña ha reabierto el melón con fuerza. La advertencia de los inspectores de Hacienda coloca al Gobierno ante un dilema de primer orden: atender las demandas catalanas, vitales para la estabilidad parlamentaria, o evitar abrir una grieta política y fiscal que pueda comprometer la cohesión territorial y la igualdad entre los ciudadanos.