"No pueden asumir esto en solitario": CSIF alerta del desbordamiento en la sanidad y la seguridad de Ceuta y Melilla por la presión migratoria
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno la puesta en marcha inmediata de un plan extraordinario de refuerzo para proteger la sanidad, la seguridad y los servicios sociales de Ceuta y Melilla ante la entrada masiva de inmigrantes.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado su preocupación ante el incremento sostenido de la presión migratoria registrado en Ceuta y Melilla. La organización sindical advierte de que la llegada de personas a través de la vía marítima y terrestre está provocando un impacto directo en la red asistencial, desbordando los recursos públicos de ambas ciudades autónomas y sometiendo a sus empleados públicos a situaciones de sobrecarga laboral extrema.
Desde el sindicato subrayan que la crisis trasciende el ámbito puramente migratorio para convertirse en un problema operativo que compromete las condiciones de trabajo y la seguridad de los profesionales en primera línea.
La sobreocupación de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y de los centros de protección de menores, unida a la urgencia asistencial en la sanidad pública, ha colapsado de forma crítica los recursos disponibles en los dos enclaves norteafricanos.
Refuerzo urgente para sanidad, seguridad y centros de menores
Ante esta coyuntura, CSIF ha exigido formalmente al Ejecutivo central la activación de un plan extraordinario y específico que dote de liquidez, medios materiales y ampliación de plantillas a los sectores más castigados. La petición abarca de forma prioritaria a la sanidad pública, los servicios sociales, los centros de protección de menores, los servicios de emergencias, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los efectivos de la seguridad privada asignados a infraestructuras estratégicas.
El sindicato recuerda que colectivos como el sanitario o el de las fuerzas de seguridad arrastran desde hace años problemas estructurales de déficit de personal y dificultades para la cobertura de vacantes. Por ello, instan al Gobierno de España a asumir su responsabilidad en la custodia de la frontera sur de la Unión Europea mediante una planificación estable que garantice la calidad en la atención ciudadana y preserve la salud laboral de las plantillas.