Los vecinos, rehenes de la okupación: amenazas, mafias y abandono legal
La okupación en España no solo afecta a los propietarios de viviendas, sino también a los vecinos que conviven con este problema a diario. Amenazas, vandalismo, deterioro del entorno y un clima de inseguridad son algunas de las situaciones que denuncian las asociaciones de afectados, que aseguran que el impacto real de la okupación es mucho mayor de lo que reflejan las cifras oficiales.
Según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, por cada vivienda ocupada hay hasta ocho personas afectadas, lo que multiplica el número de víctimas indirectas. "No existimos para la ley", denuncian. "En España no hay ni un solo artículo legal que contemple la protección de los vecinos que sufren las ocupaciones", señalan desde la plataforma.
Entre mafias y grandes tenedores: una lucha sin amparo legal
Los afectados se encuentran en una situación de indefensión. Por un lado, conviven con okupas vinculados a mafias organizadas y, por otro, se ven atrapados en conflictos con grandes tenedores e inmobiliarias, que en muchos casos no toman medidas para proteger a la comunidad.
"No confiamos en la ley porque no existe ninguna norma que defienda los derechos de los afectados indirectos. Estamos entre dos mundos: el de las mafias okupas y el de los grandes propietarios, y nadie nos protege", lamentan desde la plataforma.
Ante la falta de respuestas, muchas comunidades de vecinos han comenzado a recurrir a empresas privadas de seguridad y servicios antiokupación para protegerse de las consecuencias de la okupación.
¿Realmente han bajado las okupaciones?
Desde la Delegación del Gobierno en Madrid aseguran que la okupación ha caído un 50% en 2024 respecto a 2023, pero las asociaciones de afectados cuestionan estos datos. "Lo que ha bajado son las denuncias, no las okupaciones. El 30% de los afectados no denuncia porque no se siente amparado por la ley", afirman.
"Muchos vecinos ni siquiera denuncian porque saben que no servirá de nada", advierten desde la plataforma. Según datos oficiales, en la Comunidad de Madrid hay más de 2.000 viviendas ocupadas, pero detrás de cada una hay comunidades enteras afectadas.
Propuestas para frenar la okupación: más competencias para la policía
Desde la Agencia Negociadora de Alquiler (ANA) han propuesto un enfoque diferente para abordar el problema. Consideran que la mejor solución sería eliminar cualquier excepción legal para los okupas, evitando que puedan acogerse a derechos que retrasen su desalojo, como la declaración de vulnerabilidad.
"Un okupa entra ilegalmente en una vivienda, ya sea por razones de vulnerabilidad o no, debe ser desalojado de inmediato por las fuerzas de seguridad", defienden desde ANA. Para ello, piden que se otorguen más competencias a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, evitando los largos procesos judiciales que actualmente retrasan los desalojos.
"El problema no se soluciona con procedimientos judiciales más rápidos, sino dando a los cuerpos de seguridad las herramientas necesarias para actuar de inmediato ante una okupación", señalan en su comunicado.
El negocio del miedo y la percepción de la okupación
El debate sobre la okupación en España también ha estado marcado por la percepción social del problema. Según una encuesta de 40 dB para la Cadena SER, uno de cada cinco españoles cree que "nadie está a salvo de sufrir una ocupación", y el 51,3% de la población piensa que la okupación afecta a uno de cada dos españoles.
Sin embargo, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha señalado que estos datos no se corresponden con la realidad: "El problema percibido es 900 veces mayor que el problema real". Según el ministro, la okupación representa apenas un 0,06% del total del parque de viviendas en España, pero la alarma social ha sido amplificada por intereses económicos ligados a la seguridad y la vivienda.
Bustinduy también ha manifestado su intención de regular la publicidad basada en el miedo, ya que considera que muchas empresas han construido un modelo de negocio lucrativo basado en la generación de pánico.
Una reforma legal pendiente
Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación exigen una reforma legal que proteja no solo a los propietarios, sino también a los vecinos afectados. Sin una legislación clara que contemple su situación, la única opción para quienes conviven con okupas es soportar el problema o abandonar sus hogares.
Mientras tanto, las okupaciones continúan generando conflicto en barrios de toda España, con un debate abierto sobre cómo equilibrar el derecho a la propiedad privada, la función social de la vivienda y la protección de las comunidades.