Rechazo judicial a la "Ley Bolaños": los jueces de Madrid se plantan ante la reorganización del sistema judicial

La entrada en vigor escalonada de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como la "Ley Bolaños", ha generado una fuerte contestación en el ámbito judicial madrileño. Los jueces de instrucción de Madrid han mostrado su rechazo a la supresión de tres juzgados para convertirlos en tribunales especializados en violencia de género, una de las primeras medidas derivadas del nuevo modelo organizativo.

La ley, impulsada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, busca modernizar la planta judicial española transformando los más de 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia. Según el Gobierno, esta reorganización permitirá una estructura más ágil, flexible y eficaz, con mayor especialización de jueces, una homogeneización de prácticas y mayor capacidad de respuesta ante el colapso judicial.

Sin embargo, los jueces madrileños advierten de consecuencias negativas: la conversión de juzgados de instrucción en tribunales de violencia de género no solo agrava la sobrecarga de estos órganos, sino que también afecta el derecho a una instrucción eficaz y rápida para otros delitos. Los jueces señalan que estas modificaciones no pueden hacerse "en detrimento de los derechos de las víctimas ni de los investigados", ni comprometiendo la eficiencia de juzgados que ya funcionan correctamente.

Además, alertan de que los nuevos tribunales asumirán también los delitos sexuales a partir de octubre, lo que incrementará aún más su carga de trabajo. Reclaman al Ejecutivo la creación de plazas judiciales específicas, en lugar de suprimir juzgados en funcionamiento, y aseguran que la medida perjudicará tanto a la ciudadanía como al sistema de justicia penal en su conjunto.

Desde el Ministerio, Félix Bolaños ha defendido la norma como la mayor transformación de la Justicia en décadas, destacando que permitirá crear más plazas judiciales sin necesidad de abrir nuevos juzgados y reducir el gasto. La estructura estará apoyada por Oficinas Judiciales, lo que —según el ministro— favorecerá una gestión más eficiente y especializada.

Otra de las medidas polémicas de la ley es la retirada de competencias a los jueces de paz para celebrar matrimonios civiles, ahora asignadas a alcaldes, concejales o notarios, lo que incrementa el coste de las bodas en algunos municipios y ha suscitado quejas de ciudadanos y ayuntamientos.

Además, desde este 3 de abril, la ley impone la obligatoriedad de recurrir a Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (MASC) antes de poder acudir a los juzgados en la mayoría de conflictos civiles y mercantiles. Esta medida, aunque busca descongestionar los tribunales, ha generado incertidumbre entre abogados y juristas por la falta de criterios uniformes en su aplicación.

Pese a las protestas, el Ministerio mantiene que en 2025 la transformación judicial será una realidad, y continúa avanzando en la reorganización de plantillas, la implementación tecnológica y la consolidación del nuevo modelo de justicia digital y especializada. Mientras tanto, el Poder Judicial, la abogacía y los funcionarios observan con atención y cautela la aplicación práctica de una ley que ha empezado a caminar con más resistencia de la prevista.