La supresión del margen de 20 km/h para adelantar multiplica los muertos en carretera: un 54,5% más en solo un año
Un estudio de la Universidad de Zaragoza denuncia el aumento de la siniestralidad por una medida que priorizó la recaudación sobre la seguridad vial.
La decisión de eliminar el margen de 20 km/h para realizar adelantamientos en carreteras secundarias ha tenido consecuencias letales. Un año después de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Tráfico, los datos oficiales revelan que las muertes por adelantamiento se dispararon un 54,5%, según el estudio “+20; adelantar con seguridad”, elaborado por el profesor Juan José Alba López, de la Universidad de Zaragoza.
El informe, financiado por el Departamento de Seguridad Vial de Dvuelta y basado en datos extraídos de la base ARENA de la Dirección General de Tráfico (DGT), señala que, entre 2022 y 2023, los fallecidos por “adelantamientos antirreglamentarios” pasaron de 13 a 29 personas, lo que supone un aumento del 123%. Asimismo, los accidentes subieron un 4,6%, los heridos graves un 18,3% y los heridos leves un 5,6%.
El análisis concluye que la DGT no realizó ningún estudio técnico previo ni valoró el impacto en siniestralidad, admitiendo abiertamente que la reforma buscaba optimizar el funcionamiento de los radares de tramo, que solo pueden operar si el límite de velocidad es constante. Esta eliminación del margen convierte en infracción lo que antes era una maniobra segura, diseñada para ser breve y eficaz.
Adelantar ahora exige más tiempo y más espacio
Antes de la reforma, adelantar en una vía limitada a 90 km/h permitía al conductor alcanzar los 110 km/h durante la maniobra. Según el informe, eso suponía una duración media de 2,52 segundos y 77 metros de invasión del carril contrario. Con la nueva normativa, esa misma maniobra requiere 7,56 segundos y 189 metros, lo que multiplica por tres el tiempo de exposición al riesgo y por 2,5 la distancia necesaria para completarla.
“La reforma ha convertido una maniobra legal y segura en una infracción peligrosa”, alerta el profesor Alba. A su juicio, esto ha aumentado significativamente el número de colisiones frontales y, por tanto, el número de víctimas mortales en vías secundarias, las más frecuentadas por los conductores en trayectos interurbanos.
Pere Navarro, en el centro de la polémica
Las críticas también se dirigen al director general de Tráfico, Pere Navarro, quien declaró en sede parlamentaria que “ni han subido ni han bajado” los accidentes tras la entrada en vigor de la norma. Las cifras desmienten estas afirmaciones de manera rotunda, lo que ha llevado a asociaciones de automovilistas y expertos en seguridad vial a pedir su dimisión inmediata por “falta de honestidad y negligencia manifiesta”.
Dvuelta denuncia que la medida ha costado vidas humanas y exige que se revierta con carácter urgente. La entidad, junto al equipo académico que elaboró el informe, reclama además la creación de una agencia independiente de investigación de siniestros viales, al estilo de las que existen en el ámbito aéreo o ferroviario.
¿Una reforma recaudatoria?
La sospecha de que la reforma priorizó la recaudación frente a la seguridad vial no solo se basa en los datos de siniestralidad, sino también en el efecto directo sobre el funcionamiento de los radares de tramo. Estos dispositivos permiten calcular la velocidad media de un vehículo en un trayecto concreto, algo incompatible con márgenes puntuales de velocidad como el que existía para adelantar. Suprimir el margen facilitó su implementación masiva.
Según datos conocidos en paralelo, la DGT ingresó más de 500 millones de euros en multas en 2023, un récord histórico que muchos vinculan directamente a este cambio legislativo. La eliminación del margen habría convertido en infractores a miles de conductores que, anteriormente, adelantaban de forma segura y legal.
Una política vial bajo sospecha
La evidencia recogida en el estudio apunta a que la eliminación del margen de 20 km/h ha resultado contraproducente para la seguridad vial y ha contribuido al aumento de la mortalidad en carretera. Frente a ello, la DGT no ha rectificado ni asumido responsabilidad alguna.
Con todo, las voces críticas exigen una revisión inmediata de la normativa, el cese de sus responsables y la puesta en marcha de políticas públicas que se basen en la evidencia técnica y científica, no en intereses recaudatorios. Porque cada día que esta norma se mantiene en vigor supone un riesgo innecesario para miles de conductores en las carreteras españolas.