Madrid activa fondos de emergencia para acoger a 182 menores no acompañados

Miguel Ángel García Martín en rueda de prensa - Foto de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles una inversión de 2,7 millones de euros para reforzar la atención a 182 menores inmigrantes no acompañados durante 2025.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde, por tramitación de emergencia, a tres acuerdos que permitirán gestionar 112 plazas en dispositivos de titularidad pública y otras 70 en centros privados, con el objetivo de dar respuesta inmediata al aumento sostenido de llegadas.

Según datos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la región ha acogido a más de 10.600 menores extranjeros no acompañados desde 2019, de los cuales 2.442 fueron atendidos en 2024 y 1.028 en el primer trimestre de este año. Este flujo ha provocado una sobreocupación del 132% en los recursos disponibles, lo que ha obligado al Ejecutivo autonómico a tomar medidas urgentes.

Oposición al reparto forzoso de menores

Esta situación se ve agravada tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno central, que establece el reparto obligatorio de menores desde Canarias a otras comunidades como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Ante esta medida, el Ejecutivo madrileño ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, al considerar que vulnera varios artículos de la Constitución Española y excede las competencias estatales en detrimento de las autonómicas.

En previsión de que dicho reparto se ejecute, la Comunidad de Madrid ya trabaja en la ampliación del centro de acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada, y baraja la apertura de nuevos recursos en diferentes localidades de la región.

Medidas para proteger a los menores más vulnerables

Además, en el marco de la legislación de extranjería vigente, la Comunidad ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid la reagrupación familiar de cuatro menores que presentan graves problemas de adaptación. El objetivo, según fuentes regionales, es protegerlos frente a riesgos como la captación por mafias de trata de personas o el consumo de drogas.

La Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia seguirá valorando los casos en los que exista una imposibilidad real de integración, apostando siempre por salvaguardar el interés superior del menor.