Madrid insta al Estado hacerse cargo de 50 menores inmigrantes que residen en centros autonómicos
La Comunidad de Madrid ha instado formalmente al Gobierno de España a asumir la tutela y atención de 50 menores inmigrantes solicitantes de asilo que actualmente residen en centros sociales dependientes de la red pública autonómica.
La solicitud, canalizada a través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, se fundamenta en el artículo 149.1.2ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre inmigración, extranjería y derecho de asilo.
Durante la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se informó del requerimiento al Ejecutivo central para que ejerza su responsabilidad directa sobre estos menores, varios de los cuales ya cuentan con protección internacional concedida, mientras que otros se encuentran a la espera de formalizar su solicitud. Según la Comunidad de Madrid, esta situación genera un “grave desequilibrio competencial” que sobrecarga los recursos autonómicos de protección a la infancia, diseñados para menores en situación de desamparo, no para solicitantes de asilo.
Doctrina del Supremo y principio del interés superior del menor
La petición se apoya en recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo, que en sendos autos de los días 25 de marzo y 4 de junio de 2025 reiteran que los menores solicitantes de protección internacional tienen derecho a ser atendidos en el sistema específico de acogida estatal, no en los dispositivos autonómicos ordinarios.
Además, desde el Gobierno regional se recuerda que la ley obliga al Estado a comprobar individualmente cada caso, especialmente antes de ejecutar cualquier traslado, para verificar si el menor ha solicitado protección internacional o ha manifestado su voluntad de hacerlo. En este sentido, se apela al principio del interés superior del menor, consagrado en la legislación nacional e internacional.
Situación crítica en Madrid y precedentes en Canarias
La Comunidad advierte que algunos menores llevan hasta un año en situación transitoria, a la espera de completar los trámites para acceder a su derecho de asilo. En este contexto, el Supremo considera que los derechos de quienes aún no han podido formalizar la solicitud deben equipararse a los de aquellos que sí lo han hecho, garantizando su inclusión en el sistema de acogida estatal.
Este pronunciamiento se alinea con el reciente auto favorable al Gobierno de Canarias, que también solicitó al Ejecutivo central hacerse cargo de un millar de menores inmigrantes llegados al archipiélago y cuya atención, según la sentencia, debe recaer en la Administración General del Estado.