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Madrid ampliará el centro de La Cantueña y busca nuevos espacios para acoger a menores migrantes no acompañados

La Cantueña en Fuenlabrada
La Comunidad de Madrid se prepara para recibir a 800 menores inmigrantes no acompañados en 2025, dentro del reparto establecido por el Gobierno central, que asigna solo 26 a Cataluña

Ante esta previsión, la Consejería de Interior ha anunciado la ampliación del centro de La Cantueña en Fuenlabrada, así como la búsqueda de nuevas ubicaciones para garantizar su atención y tutela.

Desde 2019, Madrid ha tutelado a 10.618 menores, y solo en lo que va de año ya acoge a 937, lo que ha llevado al sistema de protección regional a superar en un 150% la capacidad de plazas disponibles.

El reto de la mayoría de edad: permisos, empleo y formación

El verdadero desafío comienza cuando estos jóvenes alcanzan los 18 años. De acuerdo con la Ley de Extranjería, al cumplir la mayoría deben abandonar los centros y solicitar un permiso temporal de residencia y trabajo, cuya renovación requiere una oferta laboral de al menos 40 horas semanales y un salario equivalente al mínimo interprofesional.

Esta condición choca con una realidad: muchos carecen de formación y experiencia laboral, lo que dificulta su inserción y los deja expuestos a situaciones de vulnerabilidad.

ONG y asociaciones piden acompañamiento tras la tutela

Diversas entidades sociales —entre ellas, asociaciones marroquíes y ONG que gestionan el 85% de las plazas concertadas con la Comunidad— piden prolongar el acompañamiento más allá de los 18 años. Proponen itinerarios personalizados de integración que ayuden a los jóvenes a desarrollar habilidades y acceder al mercado laboral, con metas como la formación en oficios técnicos, peluquería o mecánica.

Aunque el Ministerio de Inclusión señala que el 60% de los jóvenes extutelados están dados de alta en la Seguridad Social, las propias organizaciones advierten de falta de recursos y continuidad en el apoyo, lo que pone en riesgo la autonomía real de estos jóvenes.

La Comunidad de Madrid refuerza sus recursos ante la llegada de más menores migrantes, pero organizaciones sociales insisten en que la clave está en garantizar su inclusión real más allá de la tutela y adaptar el sistema de acogida a un enfoque de transición hacia la vida adulta.