La Fiscalía archiva la causa sobre las talas en Montecarmelo al no hallar indicios de delito
El fiscal de Medio Ambiente concluye que las actuaciones municipales cumplieron la legalidad y que no hubo prevaricación ni daños intencionados en el terreno afectado
La Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido archivar la investigación abierta en torno a la tala y trasplante de árboles en la parcela donde está previsto construir el cantón de limpieza de Montecarmelo, al no hallar indicios de prevaricación ni delito medioambiental en la actuación del Ayuntamiento de Madrid y de la empresa adjudicataria, Urbaser.
Según el decreto del fiscal de la Sección de Medio Ambiente, fechado el pasado 20 de mayo y al que ha tenido acceso EFE, "no existe el más mínimo indicio de prevaricación" en la tramitación y ejecución de los trabajos realizados en el citado terreno. Esta decisión responde a la denuncia presentada por la Plataforma de Afectados por el Cantón, que había cuestionado la legalidad de las talas.
El documento fiscal señala que las actuaciones se realizaron dentro del marco legal, conforme a la Ley de protección del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, con estudios técnicos adecuados y supervisión del órgano competente. También se recalca que se llevó a cabo una evaluación individualizada del estado de cada árbol, como exige la normativa vigente.
En relación con las denuncias vecinales sobre la posible destrucción de nidos, el fiscal considera que no hay pruebas suficientes que acrediten un delito medioambiental, al tratarse de "incidentes muy puntuales" y sin evidencia de que se haya afectado a especies protegidas. Por tanto, concluye que no hubo dolo ni imprudencia grave.
Otro de los argumentos esgrimidos por la plataforma ciudadana aludía a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, que anulaba los decretos municipales para la construcción del cantón por la omisión de una evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, el fiscal aclara que dicha sentencia “no es firme ni ejecutiva”, por lo que no impide legalmente la continuidad de las actuaciones iniciadas, además de ser anteriores a la resolución judicial.
No obstante, la Fiscalía recomienda al Ayuntamiento de Madrid que, por prudencia, suspenda temporalmente cualquier actuación vinculada a la ejecución del contrato hasta que la sentencia adquiera firmeza, se dicte su ejecución provisional o se tramite correctamente la evaluación de impacto ambiental pendiente.
La decisión de archivar las diligencias no solo representa un respaldo a la actuación administrativa y técnica del consistorio, sino que también supone un revés para las organizaciones vecinales que han venido protestando desde hace meses contra el proyecto, incluso recibiendo sanciones administrativas por manifestaciones no autorizadas.
Con esta resolución, el proceso para la construcción del cantón de limpieza y base del Selur en Montecarmelo sigue en pie, aunque queda pendiente del futuro judicial de la sentencia aún no ejecutada. Mientras tanto, el Ayuntamiento podría acogerse a la recomendación del Ministerio Público y paralizar cautelarmente las obras para evitar futuras complicaciones legales.