El Constitucional admite el recurso de Madrid contra el reparto de menores migrantes
El alto tribunal estudiará la impugnación del Gobierno madrileño al real decreto que regula el reparto entre comunidades autónomas de menores no acompañados
El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto-ley 2/2025, que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas en situaciones de emergencia migratoria.
El recurso, impulsado por el Ejecutivo regional, sostiene que el decreto aprobado por el Gobierno central el pasado 18 de marzo incurre en una invasión de competencias exclusivas de las autonomías en materia de protección de menores, tal y como recoge el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
Desde el Gobierno madrileño se argumenta que la norma fue aprobada sin consenso con las comunidades autónomas, lo que contraviene el principio de solidaridad y lealtad institucional, además de vulnerar la autonomía financiera, al no acompañarse de una garantía de recursos económicos suficientes para asumir la acogida de los menores.
Para el Partido Popular, el decreto "carece de justificación", ya que “establece cuotas subjetivas sin priorizar la garantía de asistencia a los menores”, y responde, según el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, a un “acuerdo político con Junts” destinado a asegurar la mayoría parlamentaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, había convocado una reunión con las comunidades autónomas para avanzar en el reparto, prevista inicialmente para este lunes, pero tuvo que ser cancelada por el apagón eléctrico. La nueva fecha para la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia es el próximo lunes 5 de mayo a las 16:00 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
El real decreto fue convalidado en el Congreso el pasado 10 de abril, y establece que los criterios de derivación podrán modificarse en el marco de la Conferencia Sectorial si existe unanimidad, algo que, por el momento, parece difícil de alcanzar, ya que la mayoría de comunidades gobernadas por el PP se han mostrado en contra.
Además, la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, expresó su rechazo a la convocatoria y pidió su cancelación a la ministra Rego, dejando patente la oposición frontal de Madrid a esta iniciativa estatal.