Más vivienda protegida y trámites más rápido en Madrid: así es la Ley de Medidas Urgentes
La Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Medidas Urgentes para el Incremento de la Oferta de Vivienda Protegida, una normativa con la que el Gobierno regional prevé facilitar la construcción de hasta 18.000 nuevas viviendas con protección pública en los próximos años. La iniciativa forma parte de la estrategia autonómica para aumentar la oferta residencial y responder a la creciente demanda de vivienda en la región.
Entre las principales medidas incluidas en la nueva ley destaca la posibilidad de incrementar hasta un 30 % la edificabilidad y un 20 % la densidad en determinados desarrollos urbanísticos destinados a vivienda protegida, lo que permitirá aprovechar mejor el suelo disponible y aumentar el número de hogares construidos.
Más capacidad para construir vivienda protegida
La nueva normativa introduce herramientas urbanísticas extraordinarias orientadas a movilizar suelo, acelerar promociones residenciales y reducir obstáculos administrativos que dificultan el desarrollo de nuevos proyectos.
Una de las novedades incorporadas durante la tramitación parlamentaria permitirá aplicar los incrementos de edificabilidad y densidad también a parcelas de titularidad pública destinadas a vivienda protegida que todavía no hayan sido desarrolladas. Con ello, la Comunidad de Madrid busca maximizar el aprovechamiento de terrenos ya disponibles para uso residencial.
Según el Ejecutivo regional, esta medida contribuirá a incrementar la capacidad de construcción de vivienda asequible sin necesidad de nuevos desarrollos urbanísticos.
Los ayuntamientos podrán autorizar alojamientos temporales en suelo industrial
La ley también abre la puerta a que los ayuntamientos autoricen de forma temporal alojamientos en parcelas industriales vacantes situadas en entornos urbanos consolidados.
Esta posibilidad podrá aplicarse sin necesidad de modificar previamente el planeamiento urbanístico, con el objetivo de dar respuesta a necesidades vinculadas a la movilidad laboral y ofrecer nuevas alternativas habitacionales en áreas con suelo infrautilizado.
La medida pretende además optimizar espacios actualmente sin uso y diversificar la oferta residencial en municipios de la región.
Dos años más para transformar oficinas en viviendas de alquiler
Otro de los cambios destacados es la ampliación durante dos años adicionales del plazo para transformar edificios de oficinas en viviendas destinadas al alquiler.
La Comunidad de Madrid argumenta esta decisión en los resultados obtenidos desde la aprobación de la Ley 3/2024, que ha permitido impulsar más de 8.400 viviendas de alquiler mediante el cambio de uso de inmuebles terciarios.
La nueva norma extiende además esta posibilidad a otros inmuebles de uso terciario, como edificios de hospedaje y determinadas dotaciones privadas, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico vigente.
Menos trabas administrativas para acelerar proyectos
En el ámbito administrativo, la ley incorpora el denominado silencio administrativo positivo para determinados informes sectoriales obligatorios.
De esta forma, cuando dichos informes no se emitan dentro del plazo máximo de tres meses, los procedimientos urbanísticos podrán continuar su tramitación. El objetivo es reducir retrasos, agilizar la gestión de proyectos y ofrecer mayor seguridad jurídica a promotores y administraciones.
Desde el Gobierno autonómico consideran que esta medida permitirá acelerar la puesta en marcha de nuevas promociones residenciales y reducir los tiempos de desarrollo urbanístico.
Una medida integrada en el Plan de Choque de Vivienda 2026-2027
La aprobación de esta ley se enmarca dentro del Plan de Choque de Vivienda 2026-2027 anunciado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que contempla la promoción de más de 70.000 viviendas protegidas en los próximos años.
La estrategia autonómica prevé además alcanzar hasta 280.000 nuevas viviendas durante los próximos quince años para hacer frente al crecimiento demográfico y a la presión existente sobre el mercado residencial madrileño.
Con esta nueva normativa, la Comunidad de Madrid busca incrementar la disponibilidad de vivienda protegida, optimizar el uso del suelo urbano y acelerar la creación de nuevos hogares en una de las regiones con mayor demanda residencial de España.