El ICAM alerta de que la ocupación ilegal ya tensiona la seguridad jurídica y el mercado de la vivienda
La ocupación ilegal de viviendas se ha consolidado como uno de los grandes focos de preocupación jurídica, institucional y social vinculados al acceso a la vivienda en España. Así se puso de manifiesto en la inauguración del Congreso “Problemática jurídica de la ocupación de viviendas”, organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), donde representantes institucionales, juristas y especialistas coincidieron en la necesidad de articular una respuesta coordinada y equilibrada ante un fenómeno que, según advirtieron, está afectando tanto a la seguridad jurídica como al propio funcionamiento del mercado residencial.
Durante la apertura del encuentro, el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, defendió que la ocupación ilegal constituye “un problema de Estado de derecho”, al considerar que impacta directamente sobre la propiedad privada, la tutela judicial efectiva y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
La Comunidad de Madrid vincula la seguridad jurídica con el acceso a la vivienda
García Gómez sostuvo que parte de las actuales tensiones del mercado de la vivienda están relacionadas con el incremento de la inseguridad jurídica y defendió la necesidad de impulsar políticas orientadas a aumentar la oferta residencial y reforzar la protección tanto de propietarios como de inquilinos.
“La ley debe proteger al que cumple, no generar ventajas al que incumple”, afirmó el viceconsejero, quien insistió en que las políticas públicas de vivienda deben mantener un equilibrio entre ambición social y respeto al marco jurídico.
En este sentido, defendió que “sin seguridad jurídica no hay inversión”, y que la ausencia de inversión limita la oferta disponible y dificulta el acceso real a la vivienda. A su juicio, las medidas públicas deben centrarse en favorecer “más vivienda, más oferta y más seguridad jurídica”.
El ICAM reclama una respuesta integral y coordinada
En representación de la Junta de Gobierno del ICAM, el diputado Javier Mata subrayó que la problemática de la ocupación no puede abordarse únicamente desde una perspectiva punitiva o simplificada, sino que requiere un enfoque integral que combine la protección de la propiedad privada con la atención a las situaciones de vulnerabilidad social y exclusión residencial presentes en parte de estos procedimientos.
Mata recordó que los problemas relacionados con la vivienda se han convertido en “la primera preocupación de la sociedad” y defendió la necesidad de avanzar hacia soluciones “prácticas, adecuadas y responsables” mediante la coordinación entre administraciones públicas, legisladores y operadores jurídicos.
La corporación madrileña insistió además en que la ocupación plantea “desafíos complejos que exigen rigor técnico, sensibilidad social y una respuesta coordinada” desde distintos ámbitos del Derecho y de los poderes públicos.
Los juristas advierten de la creciente complejidad de los procedimientos
El presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM, Alberto Torres, defendió la necesidad de afrontar la ocupación desde un análisis “estrictamente jurídico”, alejado de posiciones ideológicas y centrado en soluciones eficaces para una problemática de gran impacto social y judicial.
Torres explicó que el Congreso ha sido diseñado para abordar la ocupación desde sus distintas vertientes —civil, penal y social— prestando especial atención a las situaciones de vulnerabilidad vinculadas al acceso a la vivienda.
Además, advirtió de que “no podemos trasladar a los tribunales un problema que es social”, al considerar que muchas de las tensiones que actualmente soportan los procedimientos judiciales derivan de la falta de respuesta previa desde el ámbito administrativo y asistencial.
El representante del ICAM señaló también la intención del Congreso de formular propuestas concretas de mejora normativa en cuestiones relacionadas con la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Propiedad Horizontal, especialmente por el impacto que determinadas ocupaciones generan sobre las comunidades de propietarios.
La lentitud judicial agrava la inseguridad jurídica
Por su parte, el copresidente de la Sección de Derecho Penal del ICAM, Rubén Martín de Pablos, puso el foco en las dificultades prácticas y jurídicas que afrontan los profesionales del Derecho en este tipo de procedimientos, marcados por la complejidad de los casos y por los largos tiempos de respuesta judicial.
Martín de Pablos advirtió de que la ocupación se ha convertido en un ámbito especialmente complejo para el asesoramiento jurídico debido a la coexistencia de situaciones muy distintas, desde ocupaciones delictivas hasta supuestos relacionados con contextos de vulnerabilidad social.
“El Derecho tiene que conjugar todo el respeto y toda la dignidad jurídica de ambas partes”, afirmó.
Asimismo, alertó de que la lentitud de los procedimientos está teniendo consecuencias directas sobre la seguridad jurídica y sobre el propio mercado de la vivienda. Según explicó, en numerosos casos transcurren cerca de dos años desde la presentación de una denuncia o demanda hasta la ejecución efectiva de la resolución judicial.
Un Congreso con jueces, policías, abogados y expertos sociales
A lo largo de las dos jornadas del Congreso, más de 30 especialistas del ámbito jurídico, policial, institucional y social analizarán las distintas dimensiones de la ocupación de viviendas.
El programa incluye debates sobre el tratamiento penal y civil de la ocupación ilegal, la intervención policial, la denominada “inquiocupación”, el impacto sobre las comunidades de propietarios y el tratamiento jurídico de las situaciones de vulnerabilidad.
Además, el encuentro dedicará mesas específicas a las posibles reformas legislativas y a las soluciones para mejorar el acceso a la vivienda, con el objetivo de avanzar hacia un pacto social e institucional que permita afrontar este fenómeno desde una perspectiva jurídica y social equilibrada.