Turismo

La patronal hotelera madrileña se une a CEHAT para exigir la derogación del registro de viajeros tras el varapalo de Bruselas

Turistas alojados en establecimientos hoteleros Madrid - DragonImages

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha manifestado su total respaldo a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) tras la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea contra España. El sector exige la derogación inmediata del Real Decreto 933/2021, que regula el registro documental de viajeros, al considerar que Bruselas ratifica sus advertencias históricas sobre la desproporcionalidad, la carga administrativa y la violación de la privacidad de los usuarios que implica esta normativa.

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha cerrado filas con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ante el expediente sancionador incoado por la Comisión Europea. Las patronales sectoriales consideran que esta intervención institucional valida de forma definitiva las críticas que el tejido turístico lleva años formulando contra el Real Decreto 933/2021, que impone severas obligaciones de registro e información sobre las personas alojadas.

A raíz del pronunciamiento de la Comisión, los hoteleros madrileños han urgido al Ejecutivo central a paralizar la normativa vigente y a convocar con carácter inmediato una mesa de trabajo que incluya a todos los operadores implicados. Desde AEHM recuerdan que durante los ejercicios de 2024 y 2025 ya emitieron reiteradas alertas públicas denunciando que el armazón legal del Real Decreto generaba una profunda inseguridad jurídica, entorpecía las operativas de recepción, multiplicaba la complejidad burocrática y lastraba la competitividad internacional de la industria turística de España.

Bruselas cuestiona el control de datos de pago y la custodia de tres años

La fundamentación jurídica empleada por la Comisión Europea para expedientar a España coincide con las reticencias del sector empresarial. Los servicios técnicos de Bruselas dictaminan que el actual sistema de registro de viajeros obliga a los establecimientos a recabar, almacenar y transferir un volumen excesivo y desproporcionado de datos privados sensibles, citando expresamente las categorías de métodos de pago y datos de localización geográfica de los clientes. Asimismo, la auditoría comunitaria censura que el acceso de los cuerpos policiales a dicho fichero no esté acotado de forma nítida a fines explícitos y califica de inviable el plazo de conservación de la información, fijado actualmente por el marco español en tres años.

Los representantes hoteleros subrayan que las exigencias del Real Decreto desbordan la capacidad de gestión de las plantillas y convierten de manera forzosa a los hoteles en custodios de bases de datos masivas especialmente delicadas. CEHAT ha insistido en que estas obligaciones administrativas chocan frontalmente con los principios de proporcionalidad y privacidad que consagra el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, ignorando por completo la realidad diaria del negocio alojativo.

Colaboración con la seguridad sin menoscabar la privacidad

La patronal de Madrid ha querido hacer hincapié en que el rechazo a este reglamento no altera la vocación de servicio del sector. Los hoteleros recuerdan que históricamente han mantenido una cooperación fluida y estrecha con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para salvaguardar la seguridad ciudadana y el orden público. No obstante, recalcan que esta meta común no puede alcanzarse vulnerando los derechos fundamentales de los turistas ni sobrecargando a las empresas de un sector que es motor de la economía nacional.

Con este posicionamiento conjunto, la AEHM confía en que la amonestación de las autoridades de la competencia e interoperabilidad de Bruselas sirva como punto de inflexión político. El objetivo de las organizaciones empresariales es revertir el actual modelo de control documental y redactar una nueva regulación alternativa que resulte técnica y operativamente asumible, que respete los estándares del derecho europeo y que no debilite la reputación e imagen de marca de España en el exterior.