El Supremo reduce a 39.000 euros las costas que debe pagar García Ortiz

El Tribunal Supremo ha decidido rebajar casi a la mitad las costas procesales impuestas al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que finalmente deberá abonar 39.000 euros frente a los 79.942 euros inicialmente fijados.

La decisión llega tras estimar parcialmente los recursos presentados tanto por la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, como por la Fiscalía, que consideraban que el cálculo inicial incluía partidas indebidas y resultaba excesivo.

Revisión del cálculo de las costas

El decreto, dictado por la letrada de la Administración de Justicia del Supremo, corrige el cómputo inicial al excluir varios conceptos, entre ellos distintos recursos, incluidos 18 recursos de apelación.

El tribunal recuerda que las costas de este tipo de recursos solo pueden imponerse en casos de mala fe o temeridad, circunstancia que no concurría en este procedimiento, lo que ha motivado la reducción del importe total.

Un caso con condena previa

Esta resolución se enmarca en el procedimiento en el que el Supremo condenó a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados, tras difundir información relacionada con una investigación por fraude fiscal.

En dicha sentencia, el alto tribunal impuso al exfiscal general:

• Dos años de inhabilitación para el cargo
• Una multa de 7.200 euros
• Una indemnización de 10.000 euros por daños morales
• El pago de las costas procesales

Las costas corresponden a los gastos derivados de la defensa jurídica de Alberto González Amador, afectado por la filtración.

Estimación parcial del recurso

El Supremo ha optado por una estimación parcial de la impugnación, lo que implica que, aunque reconoce el exceso en el cálculo inicial, mantiene la obligación de pago por parte del exfiscal general.

La resolución supone un alivio económico significativo para García Ortiz, aunque no altera el fondo de la condena ni las responsabilidades ya fijadas.

Impacto jurídico de la decisión

La reducción de las costas pone de relieve la importancia de ajustar con precisión los conceptos incluidos en este tipo de cálculos, especialmente en procedimientos complejos con múltiples recursos.

Al mismo tiempo, reafirma el criterio del alto tribunal sobre la imposición de costas en recursos, limitándola a supuestos concretos para evitar cargas económicas desproporcionadas.

Con esta decisión, el Supremo cierra uno de los aspectos económicos derivados del caso, que ha tenido relevancia institucional y jurídica por afectar a la figura del fiscal general del Estado.