El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por la supuesta filtración de correos en el caso Móstoles
El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por filtración de correos al no apreciar delito ni pruebas suficientes en los hechos investigados
El Tribunal Supremo ha acordado el archivo de la denuncia presentada contra Isabel Díaz Ayuso por una supuesta filtración de correos electrónicos vinculados a un caso de presunto acoso en el Ayuntamiento de Móstoles.
En un auto, la Sala concluye que los hechos denunciados no constituyen delito y decreta el sobreseimiento de la causa, cerrando así la vía penal abierta a raíz de la denuncia interpuesta por un abogado.
La denuncia atribuía a la presidenta madrileña un posible delito de revelación de secretos, al considerar que desde su entorno se habrían filtrado a medios de comunicación correos electrónicos enviados por una exconcejala de Móstoles. En esos mensajes, la edil exponía quejas relacionadas con un supuesto caso de acoso o agresión sexual que señalaba al entonces alcalde del municipio, Manuel Bautista.
Según el relato recogido en la denuncia, estas comunicaciones internas dentro del Partido Popular de Madrid no obtuvieron respuesta, lo que habría derivado en la dimisión de la concejala. Posteriormente, parte del contenido de esos correos fue publicado por distintos medios de comunicación.
Sin embargo, el Alto Tribunal respalda el criterio previo de la Fiscalía y considera que la denuncia carece de hechos concretos que permitan encajar la conducta en un tipo penal, subrayando además la ausencia de indicios y pruebas suficientes que justifiquen la apertura de una investigación judicial.
El auto también incide en que la denuncia se fundamenta esencialmente en informaciones periodísticas, una base que los magistrados califican de insuficiente para iniciar diligencias penales, ya que supondría dar paso a una investigación de carácter meramente prospectivo, algo no permitido en el ordenamiento jurídico.
De este modo, el Tribunal Supremo descarta cualquier responsabilidad penal de Ayuso en este asunto y cierra definitivamente el caso en el ámbito judicial, al no apreciar indicios de delito en los hechos denunciados.
La resolución supone un respaldo jurídico a la presidenta de la Comunidad de Madrid en relación con una polémica que había generado atención mediática en torno a la gestión interna de comunicaciones dentro del ámbito político.