El juez Peinado vuelve a impulsar el jurado popular para el caso de Begoña Gómez y cita a los investigados el 1 de abril

El juez Juan Carlos Peinado ha reiterado su intención de que el caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sea juzgado por un tribunal de jurado popular, pese a que la Audiencia Provincial de Madrid anuló previamente esta decisión por falta de motivación.

En un nuevo auto, el magistrado da un paso más en la causa y ha citado a los tres investigados —Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— el próximo 1 de abril para comunicarles formalmente su decisión de remitir el procedimiento a un jurado.

Un nuevo auto tras el rechazo de la Audiencia

La decisión llega después de que la Audiencia de Madrid revocara el primer intento del juez, al considerar que no existían “indicios concluyentes y consistentes” suficientes para justificar el paso a un tribunal popular.

Ahora, en un auto de 46 páginas, Peinado defiende que su objetivo no es anticipar el juicio, sino verificar la verosimilitud de los hechos investigados, especialmente en relación con delitos que son competencia del jurado.

Delitos investigados y unificación de la causa

El magistrado plantea un único procedimiento que englobaría distintos delitos, entre ellos:

• Tráfico de influencias
• Corrupción en los negocios
• Malversación de fondos públicos
• Apropiación indebida
• Intrusismo profesional

Esta acumulación busca que todos los hechos sean analizados en un mismo proceso judicial ante un jurado popular.

El papel de Begoña Gómez en la investigación

En su resolución, el juez señala que Begoña Gómez habría realizado actividades privadas aprovechando su condición de esposa del presidente del Gobierno, lo que, según el auto, pudo influir en su capacidad de interlocución con empresas e instituciones.

El magistrado menciona reuniones en dependencias oficiales como el Palacio de la Moncloa, así como contactos con el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, apuntando a una posible situación de ventaja o influencia institucional.

También recoge la supuesta participación en la creación de una cátedra universitaria, la promoción de proyectos tecnológicos y la captación de financiación privada, así como la intervención en documentos técnicos vinculados a contratos públicos.

La implicación de otros investigados

El auto subraya el papel de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, a quien atribuye una colaboración constante en actividades de carácter no institucional, y del empresario Barrabés, presuntamente beneficiado con contratos tras su relación con la investigada.

Posibles recursos y calendario judicial

Tras este nuevo movimiento judicial, todo apunta a que las defensas volverán a recurrir la decisión ante la Audiencia Provincial, lo que podría retrasar el proceso varios meses, dado que no hay investigados en prisión.

Además, el calendario judicial introduce un elemento adicional: el juez Peinado alcanzará la edad de jubilación en septiembre, lo que podría condicionar el desarrollo final de la instrucción.

Un caso abierto con impacto político

El procedimiento continúa avanzando en un contexto de alta relevancia política, con la mirada puesta en si finalmente será un jurado popular quien determine la responsabilidad en uno de los casos más mediáticos de los últimos años.