Jueces y fiscales alertan de una campaña de descrédito contra magistrados que investigan al PSOE y al Gobierno
Cinco de las principales asociaciones de jueces y fiscales han expresado su preocupación por lo que consideran una posible campaña de “deslegitimación” dirigida contra magistrados que investigan procedimientos judiciales relacionados con el PSOE y con miembros del Gobierno. Las organizaciones denuncian la existencia de presuntas actuaciones destinadas a desacreditar a integrantes de la carrera judicial y reclaman una respuesta más contundente por parte de las instituciones encargadas de velar por la independencia judicial.
La posición ha sido trasladada a través de un comunicado conjunto firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).
Las asociaciones alertan de posibles presiones a jueces
En el escrito, las organizaciones muestran su inquietud tras las informaciones publicadas en los últimos días sobre supuestas actuaciones dirigidas contra la magistrada Beatriz Biedma Rojano, instructora de la causa que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Según exponen las asociaciones, las informaciones difundidas apuntan a la existencia de investigaciones privadas sobre la jueza, su familia y su entorno personal con el objetivo de hostigarla o desacreditarla.
Los firmantes recuerdan que hace aproximadamente un año ya expresaron públicamente su apoyo a la magistrada al conocerse indicios de posibles presiones relacionadas con su labor jurisdiccional.
Preocupación por la independencia judicial
Las asociaciones consideran que las informaciones conocidas recientemente trascienden las habituales críticas políticas a determinadas resoluciones judiciales y podrían apuntar a una estrategia organizada para cuestionar la actuación de determinados jueces.
En este sentido, advierten de que, de confirmarse estos hechos, no se trataría de un caso aislado, sino de una situación que podría afectar a varios miembros de la judicatura.
El comunicado sostiene que la independencia judicial constituye uno de los pilares esenciales del Estado de derecho y que cualquier intento de influir, intimidar o desacreditar a quienes ejercen funciones jurisdiccionales supone una amenaza para el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.
Críticas al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado
Las asociaciones judiciales y fiscales también han mostrado su desacuerdo con la respuesta ofrecida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
A su juicio, la declaración emitida por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, en la que manifestaba su preocupación por determinadas declaraciones públicas que cuestionan actuaciones judiciales concretas, resulta insuficiente ante la gravedad de las informaciones conocidas.
Por ello, reclaman una mayor firmeza institucional en la defensa de la independencia de jueces y magistrados.
Asimismo, lamentan la ausencia de una reacción pública por parte de la Fiscalía General del Estado, institución a la que atribuyen la responsabilidad de velar por el respeto al ejercicio independiente de la función jurisdiccional.
Posibles actuaciones en España y Europa
Las organizaciones firmantes aseguran que permanecerán atentas al desarrollo de las diligencias que puedan esclarecer los hechos denunciados.
Además, avanzan que estudiarán la adopción de medidas en distintos ámbitos, tanto nacionales como europeos, si consideran que existen actuaciones que comprometan la independencia judicial o el normal ejercicio de la función jurisdiccional.
El comunicado concluye defendiendo que jueces y fiscales deben poder desempeñar su trabajo con plena libertad y sin interferencias externas que condicionen sus decisiones o afecten a su seguridad profesional y personal.