Los jueces obligan a Hacienda a devolver 6.400 millones a más de tres millones de pensionistas mutualistas
La Agencia Tributaria tendrá que devolver 6.400 millones de euros a más de tres millones de pensionistas que cotizaron en antiguas mutualidades laborales, después de que diversas sentencias del Tribunal Supremo hayan reconocido que durante años soportaron una tributación en el IRPF superior a la que legalmente les correspondía.
Según la información disponible, no se trata de una ayuda pública ni de una nueva medida fiscal, sino de una devolución derivada de resoluciones judiciales que obligan a corregir una situación considerada indebida.
La cuantía global asciende a 6.400 millones de euros, con una devolución media de 2.070 euros por beneficiario, en uno de los mayores procesos de devolución tributaria registrados en España.
Una devolución impuesta por la Justicia
Las resoluciones del Tribunal Supremo han obligado a la Administración tributaria a reconocer el derecho de los mutualistas afectados y a proceder a la devolución de las cantidades cobradas en exceso.
El proceso pone de manifiesto, según se expone, que ha sido necesaria la intervención de los tribunales para reconocer un derecho de millones de contribuyentes tras años de tributación superior a la que correspondía.
Otro frente judicial: 4.000 millones para las empresas
Junto a las devoluciones a los mutualistas, también se hace referencia a otro procedimiento judicial que afecta a las empresas.
Según la información aportada, Hacienda deberá devolver otros 4.000 millones de euros tras las sentencias relacionadas con el Real Decreto 16/2016, norma mediante la cual se suprimieron determinadas desgravaciones fiscales empresariales.
Las empresas recurrieron esa medida ante los tribunales y, siempre según la información facilitada, obtuvieron un pronunciamiento favorable del Tribunal Supremo, lo que ha dado lugar al proceso de devolución correspondiente.
José Ramón Riera: "Cuando Hacienda hace mal las cosas y las hace muchas veces, resulta que pierden juicios"
El economista José Ramón Riera considera que este caso refleja las consecuencias que pueden derivarse cuando la Administración aplica de forma incorrecta determinadas decisiones tributarias.
En sus palabras, "cuando Hacienda hace mal las cosas y las hace muchas veces, resulta que pierden juicios", una reflexión que realiza al analizar tanto las devoluciones a los mutualistas como las derivadas de los litigios con las empresas.
Asimismo, sostiene que "cuando una Agencia Tributaria hace mal su trabajo, ¿quiénes lo pagan? Los ciudadanos y las empresas", al entender que los procedimientos judiciales y las devoluciones terminan teniendo un coste que repercute en el conjunto del sistema.
La seguridad jurídica, en el centro del debate
El caso abre también un debate sobre el funcionamiento del sistema tributario y la necesidad de garantizar el equilibrio entre los derechos y obligaciones de los contribuyentes y de la propia Administración.
La información subraya que los ciudadanos deben cumplir con sus obligaciones fiscales, pero también que la Administración debe responder cuando liquida impuestos de forma incorrecta, devolviendo las cantidades cobradas indebidamente cuando así lo establecen los tribunales.
Las resoluciones del Tribunal Supremo han convertido este procedimiento en uno de los mayores procesos de devolución tributaria de los últimos años, con 6.400 millones de euros destinados a más de tres millones de pensionistas mutualistas y otro proceso paralelo que, según la información facilitada, contempla 4.000 millones de euros para empresas tras las resoluciones judiciales favorables.