Bruselas reclama a España reforzar la lucha contra la corrupción y proteger la independencia judicial
La Comisión Europea ha publicado su informe anual sobre el Estado de derecho, en el que dirige varias recomendaciones a España para reforzar la lucha contra la corrupción, proteger la independencia judicial y avanzar en distintas reformas institucionales.
El documento señala que las críticas públicas dirigidas contra jueces por parte de responsables políticos contribuyen a erosionar la confianza en el poder judicial y considera que esta situación se ha agravado durante el último año.
Bruselas reclama más medidas contra la corrupción
La Comisión considera que los avances logrados en la lucha contra la corrupción de alto nivel son limitados y sostiene que persisten importantes desafíos pese a las reformas emprendidas.
En este sentido, señala que el proyecto de Ley de Integridad Pública y el Plan Estatal contra la Corrupción resultan insuficientes si no van acompañados de un organismo supervisor independiente con capacidad de investigación y sanción.
Asimismo, recomienda impulsar la revisión del Código Procesal Penal para fortalecer el marco de las investigaciones y los procesos por corrupción de alto nivel con el objetivo de reducir las demoras.
Pide endurecer las normas sobre conflictos de intereses
El informe también considera insuficientes los avances para reforzar la normativa sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de altos cargos.
Por ello, Bruselas insta a España a impulsar las reformas legislativas necesarias para fortalecer estos mecanismos y garantizar la independencia y eficacia del organismo supervisor competente.
Además, reclama regular la actividad de los grupos de interés mediante un registro público obligatorio de lobistas.
Preocupación por las críticas a los jueces
La Comisión vuelve a recoger la preocupación expresada por jueces y profesionales del Derecho ante las declaraciones públicas de responsables políticos que cuestionan resoluciones judiciales.
El informe indica que el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, asociaciones judiciales y el Tribunal Constitucional consideran que las críticas dirigidas contra jueces concretos contribuyen a deteriorar la confianza pública en la Justicia.
También toma nota de las referencias realizadas por el Tribunal Supremo sobre acusaciones de "lawfare" y críticas personales dirigidas contra magistrados, especialmente tras resoluciones de gran repercusión.
La Comisión recuerda que, aunque la crítica forma parte del debate democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar manifestaciones que puedan socavar la independencia judicial o la confianza de los ciudadanos en los tribunales.
La reforma del CGPJ sigue pendiente
Bruselas insiste en que España debe completar la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para adaptarlo a los estándares europeos.
El informe señala que se han producido algunos avances, pero destaca que todavía no existe un consenso que permita culminar la reforma.
En este contexto, la Comisión respalda que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos por los propios jueces, de acuerdo con las orientaciones de la Comisión de Venecia.
La Comisión pide reforzar la autonomía de la Fiscalía
El informe también recoge avances significativos en el fortalecimiento del Estatuto de la Fiscalía General mediante el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.
No obstante, recuerda que la reforma continúa su tramitación parlamentaria y recomienda seguir avanzando en la separación de los mandatos del fiscal general y del Gobierno.
Transparencia, medios públicos y acceso a la información
La Comisión Europea considera que los avances para regular la actividad de los grupos de interés siguen siendo limitados, por lo que insiste en la necesidad de aprobar un registro público obligatorio.
Por otra parte, aprecia avances significativos en el fortalecimiento del acceso a la información mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, aunque pide completar esta reforma junto con la futura Ley de Administración Abierta.
En relación con los medios de comunicación públicos, el informe recoge las quejas recibidas sobre posibles riesgos para la independencia editorial y la injerencia política, tanto en medios nacionales como autonómicos.
Respecto a RTVE, señala que, mientras el Gobierno defiende el funcionamiento normal del ente público, distintas partes interesadas trasladan preocupación por la independencia editorial y la posible influencia política.
La Comisión toma nota del aval del TJUE a la Ley de Amnistía
El informe incorpora las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que concluyen que la Ley Orgánica de Amnistía no vulnera el Derecho comunitario ni afecta a fondos europeos.
Durante la presentación del documento, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, afirmó que la Comisión Europea "respeta y acata" las resoluciones del TJUE, incluidas las relativas a la Ley de Amnistía.
McGrath recordó que aún permanecen pendientes otras dos cuestiones prejudiciales relacionadas con esta norma y señaló que corresponderá a los tribunales nacionales ejecutar las decisiones del Alto Tribunal europeo, al tiempo que indicó que la Comisión seguirá de cerca la evolución de estos procedimientos.